Una auditoría de la Contraloría Regional de Coquimbo ha vuelto a poner bajo cuestionamiento el control de los bienes fiscales en la región, especialmente en la forma en que se están asignando y supervisando las viviendas destinadas a funcionarios públicos. El Informe Final N.º 669-2026 examinó la gestión de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, detectando registros incompletos, ocupaciones irregulares, inmuebles utilizados para fines no autorizados y graves deficiencias en los mecanismos de fiscalización de estos activos públicos.
Uno de los resultados de la auditoría es particularmente relevante, ya que incorpora un antecedente directo relacionado con la asignación de bienes fiscales. En el apartado sobre ocupación de viviendas fiscales por funcionarios que poseen bienes raíces en la misma localidad donde trabajan, el organismo constató varios casos de irregularidad. Estos casos demuestran que el funcionario beneficiario o su cónyuge registraba propiedades en la misma localidad de desempeño, lo que genera conflictos con el control de activos públicos y la gestión de las viviendas fiscales.
El caso más notable proviene del Servicio de Impuestos Internos (SII). Contraloría verificó que un funcionario del SII mantenía asignada una vivienda fiscal para arriendo y, al mismo tiempo, figuraba con un inmueble registrado a su nombre en la misma comuna donde ejercía sus funciones. La Contraloría acogió este antecedente y determinó que el SII debe regularizar urgentemente la asignación de la vivienda fiscal e instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, reforzando así el control de los bienes fiscales en Coquimbo.
Esta irregularidad del SII no es un caso aislado. La auditoría general de los bienes nacionales reveló un desajuste significativo: la SEREMI de Bienes Nacionales mantenía un catastro con 106 inmuebles, mientras que Contraloría identificó 123 viviendas fiscales o arriendos para funcionarios, lo que evidencia una falta de actualización en el registro institucional. Además, se detectó que la SEREMI no realizaba auditorías formales orientadas a comprobar la correcta asignación y uso de estas viviendas, debilitando la fiscalización de los servicios públicos.
Otros hallazgos apuntaron a la Dirección Regional de Vialidad, la cual utilizaba inmuebles como viviendas fiscales sin que sus actos de destinación autorizaran ese uso habitacional. A esto se suman deudas millonarias por arriendos comerciales de bienes fiscales. Al 3 de julio de 2026, Contraloría identificó un alto número de deudores en cobranza judicial y administrativa, lo que subraya deficiencias en el seguimiento de las finanzas y el control de deudas asociadas a los bienes fiscales.
El informe final obliga a la SEREMI de Bienes Nacionales a actualizar el catastro y fortalecer los controles para prevenir futuras irregularidades. Se exige también a todos los organismos que deben manejar bienes fiscales regularizar las situaciones observadas y acreditar las medidas adoptadas, buscando garantizar la transparencia y el uso adecuado de los activos estatales en la región de Coquimbo.
