Una serie de cuestionamientos sobre la fiscalización pública de las obras del nuevo Hospital de La Serena fueron efectuados por la Contraloría Regional de Coquimbo. Este organismo detectó graves irregularidades constructivas y administrativas en el desarrollo de esta infraestructura sanitaria, apuntando específicamente a las actuaciones tanto de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) como de la Municipalidad de La Serena.
El Informe Final N.º 871, fechado el 28 de octubre de 2026, identificó deficiencias significativas en los controles de este proyecto de construcción vital para la Región de Coquimbo. Un hallazgo central corresponde al depósito de 285.640 metros cúbicos de material inerte en la parcela N.º 336 de Colonia Pampa Alta, un terreno que atraviesa un tramo del Canal La Herradura, componente clave del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Coquimbo y La Serena.
El problema trasciende la mera disposición de material; implica fallas en la fiscalización por parte de los organismos que debían revisar el proceso constructivo. Aunque la Municipalidad de La Serena y la Dirección General de Concesiones autorizaron el emplazamiento del botadero, Contraloría determinó que colocar material sobre el curso de agua resulta improcedente, dado que el Canal La Herradura es fundamental en la red primaria de evacuación de aguas lluvias.
Las observaciones sobre las responsabilidades administrativas alcanzaron a múltiples autoridades. Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario contra el Inspector Fiscal de Construcción de la época y exigió a la Municipalidad de La Serena que investigara a sus funcionarios. Estos antecedentes deben ser remitidos a Contraloría dentro de un plazo estricto.
Las deficiencias no se limitaron al manejo del material de excavación. El organismo contralor detectó también errores en la ejecución de la infraestructura hospitalaria, incluyendo discrepancias en la colocación y dimensiones de la enfierradura estructural y la acreditación documental de la calidad del acero en las fundaciones. El MOP debe presentar correcciones y aprobaciones técnicas ante Contraloría para subsanar estas irregularidades constructivas.
Además, se cuestionó el proyecto por la falta de especialidades, como las pavimentaciones de avenidas cercanas, y se revisó la cobertura de seguro catastrófico. El seguro contratado no correspondía al monto oficial estimado de la obra, obligando a Contraloría a exigir una justificación documental detallada sobre el monto asegurado y la pertinencia de la consulta ambiental realizada.
El informe final establece plazos de 60 días hábiles para que la Dirección General de Concesiones acredite las correcciones necesarias, incluyendo la situación del canal y los antecedentes técnicos y administrativos pendientes. Este caso subraya fallas en la cadena de supervisión de la infraestructura sanitaria, desde la autorización municipal de un botadero hasta la fiscalización de aspectos técnicos de la construcción, requiriendo que la Contraloría mantenga la vigilancia sobre las eventuales responsabilidades administrativas.
