El Gobierno confirmó la apertura de un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia con el fin de esclarecer cómo se difundieron los decretos que otorgaron rebajas de condena a autores de delitos sexuales contra menores. El vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, explicó que esta medida busca resguardar información sensible de las víctimas, en medio de la controversia que enfrenta el ministro Fernando Rabat.
La polémica por las rebajas de condena sumó un nuevo capítulo relacionado con la difusión de los antecedentes del Ministerio de Justicia. En medio de los cuestionamientos al ministro Fernando Rabat, el Gobierno confirmó la apertura de un sumario interno para investigar cómo llegaron a los medios de comunicación los decretos de rebajas de condena que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores.
La decisión se conoce mientras el ministro permanece en su cargo, pese a las críticas por haber firmado los documentos que desataron la controversia sobre los delitos sexuales contra menores. Fue el vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, quien confirmó la investigación del sumario administrativo, argumentando que busca proteger información sensible. “Hay información de víctimas que pueden sufrir revictimización o cualquier otro tipo de situaciones”, sostuvo.
El portavoz agregó que, ante la circulación de antecedentes en distintos medios, el ministro debía verificar si se estaban resguardando las medidas correspondientes, especialmente respecto de las víctimas. “Efectivamente, se desarrolló un sumario para ver cómo llegó esa información que muchas veces contiene información privada”, confirmó. La explicación oficial enfatiza la protección de los datos de las víctimas, una preocupación especialmente relevante tratándose de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El sumario administrativo se produce en paralelo a los cuestionamientos que enfrenta Rabat por la firma de los decretos y a las presiones políticas. En total, se trató de 56 decretos de rebaja de condena firmados, de los cuales una parte concernía a delitos de abuso sexual contra menores y otra a distintos delitos sexuales contra menores. Pese a esto, el presidente José Antonio Kast ha optado por mantener a Fernando Rabat en su puesto.
La apertura de este procedimiento administrativo tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar si existen eventuales responsabilidades funcionarias, justificándolo el Gobierno en la necesidad de resguardar información privada de las víctimas. El sumario busca determinar si el problema se limita a la exposición de datos personales o si también incluye la entrega no autorizada de los documentos del Ministerio de Justicia.
