Una nueva ofensiva ambiental busca obligar a Google a someter a evaluación ambiental el data center de US$200 millones que evalúa instalar en Cerrillos, región Metropolitana. Organizaciones como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) presentaron antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cuestionando si la compañía está tramitando como “nuevo” un proyecto ubicado en el mismo terreno donde previamente enfrentó controversia legal por una iniciativa de infraestructura.
El proyecto, impulsado por Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., filial de Google en Chile, ha generado un debate sobre la correcta aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Aunque la empresa presentó ante el SEA una consulta de pertinencia denominada “Data Center Cerrillos”, el objetivo de esta consulta es determinar si el desarrollo de este data center está obligado a someterse a la evaluación ambiental. Es importante señalar que esta consulta no constituye una autorización.
La iniciativa contempla una gran inversión de US$200 millones y la ocupación de aproximadamente 23 hectáreas en Camino a Lonquén. El desarrollo de este centro de datos incluye la construcción de edificios, grupos electrógenos y sistemas de enfriamiento, junto a una subestación y túneles eléctricos subterráneos para conectarse a la subestación Chena. Históricamente, Google ya había obtenido una aprobación ambiental para un centro de datos en la misma área en 2020.
El conflicto radica en el manejo del Acuífero Santiago Central. El diseño original de este centro de datos requería extraer hasta 169 litros de agua por segundo para refrigerar sus servidores. Sin embargo, en febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente el permiso de Google debido a impactos significativos sobre el acuífero, lo que obligó a la empresa a rehacer la evaluación y considerar efectos de cambio climático.
A pesar de que Google ha anunciado un redesenío que sustituye la extracción de agua subterránea por sistemas de enfriamiento por aire, las organizaciones ambientales de la sociedad civil rechazan esta versión. OLCA y MOSACAT sostienen que, al mantenerse el titular, la inversión y la ubicación, el proyecto no debe considerarse totalmente nuevo. Argumentan que la empresa intenta pasar por encima de fallos legales y la necesidad de una evaluación ambiental robusta.
Los grupos ambientalistas también pusieron en duda la información entregada sobre la capacidad de la infraestructura. Denunciaron que el proyecto no ha informado el tipo ni la peligrosidad total del refrigerante ni el trazado eléctrico completo. El debate se centra en si los impactos, incluyendo la gestión de grupos electrógenos y los posibles efectos sobre humedales cercanos, están siendo adecuadamente considerados bajo la regulación ambiental chilena.
Por ello, los líderes sociales y expertos en derecho ambiental exigen que este proyecto sea sometido a la completa evaluación del SEIA. Determinar si un data center puede operar sin una debida Evaluación Ambiental es crucial para el derecho de participación ciudadana y la protección del entorno, un compromiso fundamental del Estado de Chile. El organismo ambiental debe analizar si los antecedentes cumplen con las causales de ingreso al sistema, considerando el interés público y el desarrollo sostenible de la región.
