El caso Papaya Gate sumará un nuevo capítulo judicial crucial para la comprensión de la administración pública en la región. De acuerdo con información exclusiva, la Fiscalía continuará con una audiencia referente a cuatro involucrados en la controvertida compra de terrenos realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo, durante la gestión de la exintendenta Lucía Pinto.
A casi seis años de la exposición pública de esta operación, el Ministerio Público contempla reformalizar a Lucía Pinto y al gerente general de las inmobiliarias, Pablo Bracchitta, por el grave delito de fraude al Fisco. Además, el exadministrador regional, José Cáceres, enfrentará cargos por fraude al Fisco y negociación incompatible. Eduardo Espinoza, exjefe del Departamento Jurídico del GORE Coquimbo, también será formalizado por fraude al Fisco, cerrando la lista de imputados en esta compleja causa judicial.
Esta determinación se realiza mientras se investiga la adquisición de terrenos en el sector de San Ramón, en La Serena, por un monto de $9.800 millones, operación que generó una de las causas judiciales de mayor impacto a nivel regional y nacional, manteniendo el foco en la gestión del Gobierno Regional de Coquimbo.
Consultada la Fiscalía sobre los plazos, informaron que “los contenidos de la reformalización serán expuestos este 7 de septiembre”, fecha en que se llevará a cabo la audiencia. Aunque la Fiscalía espera concluir el plazo de investigación durante el mes de septiembre, este plazo queda sujeto a posibles peticiones de nuevas diligencias de las defensas.
En cuanto a las medidas cautelares, Lucía Pinto sigue con firma mensual y arraigo nacional, mientras que José Cáceres conserva el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Pablo Bracchitta, por su parte, permanece sin medidas cautelares vigentes, a pesar de los desafíos legales que la compra de terrenos de alta cuantía implicó para la institución.
El denominado caso Papaya Gate se remonta a la adquisición de seis predios en San Ramón, en La Serena, por parte del Gobierno Regional de Coquimbo. Estos terrenos, destinados a un complejo deportivo como compensación por la cesión de terrenos para el nuevo Hospital de La Serena, fueron comprados por $9.800 millones. La irregularidad surgió porque las primeras tasaciones situaban el valor conjunto en solo $4 mil millones, generando múltiples objeciones de la Contraloría General de la República sobre la compra de terrenos.
La operación involucró a figuras clave como Lucía Pinto, el exadministrador José Cáceres, Eduardo Espinoza y Pablo Bracchitta. El caso derivó en investigaciones administrativas y penales, consolidando el nombre de fraude al Fisco dentro del debate sobre la gestión financiera del Gobierno Regional. La audiencia fijada para el 7 de septiembre marcará una nueva etapa en la causa, con la formalización de los imputados en esta compleja investigación penal.
