La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) nació hace solo cuatro meses, pero su creación responde a un problema histórico de profundas injusticias en Chile: las adopciones irregulares y forzadas. Este esfuerzo institucional surgió de una mesa interinstitucional para abordar el doloroso tema de la búsqueda de orígenes y el derecho a la verdad. Su misión era crucial: reencuentros familiares, rastrear orígenes y ofrecer acompañamiento a las víctimas.
La existencia de UBAFI, un mecanismo clave para los derechos humanos, ha quedado suspendida. La Subsecretaría de Derechos Humanos desvinculó al equipo y dejó sin efecto la resolución que había creado la unidad. Esta decisión impacta directamente en la capacidad del Estado para manejar los complejos procesos de adopciones irregulares.
Aunque la UBAFI desapareció, el marco legal que la sustentó sigue siendo relevante. El camino hacia la creación de esta unidad se aceleró con la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026, la cual estableció mandatos legales explícitos. Estos incluían la creación de un Banco de Huellas Genéticas por parte del Servicio Médico Legal, vital para la búsqueda de orígenes, y la obligación para la Subsecretaría de Derechos Humanos de realizar investigaciones administrativas y ofrecer acompañamiento a las víctimas.
Así, el Estado construyó un sistema especializado para enfrentar las consecuencias de las adopciones forzadas, desde la búsqueda documental y el análisis genético hasta la coordinación con consulados. El objetivo central era garantizar la continuidad de los derechos humanos y facilitar reencuentros familiares.
No obstante, el proyecto se ha visto en pausas operativas. Desde fuentes internas, se reportó que las propuestas de la unidad, esenciales para poner en marcha el Banco de Huellas Genéticas y otros procesos de búsqueda, no recibieron respuesta del gabinete. La detención operativa ha generado alarma entre expertos en derechos humanos, quienes señalan que la obligación legal sigue vigente.
El desafío actual es que el personal encargado de manejar las adopciones irregulares y las investigaciones administrativas se ha reducido drásticamente. Esto pone en riesgo la capacidad operativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos para cumplir con sus obligaciones legales ante futuros requerimientos del Poder Judicial.
La Subsecretaría de Derechos Humanos ha confirmado una reorganización y aseguró que el trabajo en materia de adopciones irregulares continuará, aunque bajo una estructura diferente. Argumentan que la unidad solo podía operar mediante un requerimiento judicial, el cual, según detallaron, no se ha concretado.
A pesar de la reubicación de tareas al gabinete, la preocupación persiste entre los profesionales. La clave está en si una estructura reducida cuenta con la capacidad necesaria para sostener las investigaciones administrativas y el acompañamiento psicosocial que la ley exige a las víctimas, garantizando así la continuidad del derecho a la verdad y a la identificación.
