Una bancada de diputados republicanos dirigió un llamado directo a José Antonio Kast, instándole a revocar las pensiones de gracia otorgadas a individuos vinculados con delitos durante el estallido social. La iniciativa fue presentada por Benjamín Moreno, acompañado por Macarena Santelices y Valentina Becerra.
Este requerimiento surge a raíz del reciente caso de Benjamín Huerta. El hombre, que en su momento recibió una pensión de gracia bajo el gobierno anterior, tuvo dicho beneficio revocado en enero. Huerta volvió a generar preocupación este año tras su detención mientras era prófugo, en un operativo antidrogas en Ovalle, donde se incautaron drogas y dinero.
Moreno señaló que existe un amplio número de beneficiarios con graves antecedentes penales, incluyendo prófugos por estafas, narcotráfico o abusos sexuales. Solicitó a José Antonio Kast que se realice la revocación inmediata de todas las pensiones de gracia, argumentando que muchos beneficiarios se aprovecharon de la situación de pánico para cometer ilícitos o enfrentar a las fuerzas policiales con impunidad.
Santelices respaldó la petición, enfatizando que estos beneficios han costado al Estado miles de millones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a soluciones habitacionales, especialmente para víctimas de desastres naturales. Becerra complementó la solicitud pidiendo al Ejecutivo que dé prioridad a los proyectos de ley en el Congreso, cuyo objetivo principal es prohibir el beneficio de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales. La presentación formal de esta solicitud busca impulsar una reforma legal sobre estos beneficios.
