El gobierno ha optado por una estrategia de cautela ante la investigación de Fiscalía que recae sobre el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, a raíz de sus conversaciones con el abogado e imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla. Pese a la indagatoria, La Moneda respaldó el nombramiento en más de una ocasión, marcando una notable diferencia con el gobierno del expresidente Gabriel Boric, administración que impulsó el denominado “criterio Tohá”, una política de gestión que estipulaba la salida de cualquier autoridad formalizada.
En el ámbito del Ejecutivo, han señalado que no se regirán por un criterio único, indicando que una persona puede salir del cargo solo con una denuncia, otro cuando se inicia una investigación, y otros en la previa de una formalización. Durante la jornada de ayer, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, cerró la puerta a establecer un protocolo único, afirmando que el Presidente de la República deberá tener la última palabra en estas situaciones de alta autoridad.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, diferenció la situación en conversación con ADN. Dijo que es clave distinguir entre quienes son objeto de una investigación —porque todos pueden serlo y eso no implica culpabilidad— y quienes son formalizados. Aunque personalmente haría una distinción, abordó una eventual formalización y fue enfático en su postura: “En mi opinión, no debiera seguir”, complementando que podría existir una excepción si las pruebas fueran muy débiles.
Desde la oposición, el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los que ingresó la denuncia contra el embajador, consideró incomprensible que el gobierno deba saber sobre antecedentes que podrían ser constitutivos de delitos y aún así ratificar el nombramiento. En el Partido Nacional Libertario (PNL), el debate no debe quedar sujeto solo a la evaluación de cada caso, pues resguardar la credibilidad de las instituciones y el Estado de Derecho requiere un criterio general.
La Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA) también fue crítica, sobre todo considerando que el propio Colegio de Abogados inició una investigación por eventual infracción al Código de Ética del embajador. Sebastián Lorenzini, presidente de ADICA, recalcó que el personal diplomático debe adherirse a principios de probidad y transparencia, elementos fundamentales en el ejercicio de cualquier función pública. Finalmente, en La Moneda insistieron en que “no basta una sola denuncia para retrotraer el nombramiento del embajador y quedará a criterio del Presidente cómo proceder en el caso”.
