La encuesta de opinión pública de Criteria revela un panorama complejo sobre la administración gubernamental, pues 95 días han pasado desde el inicio del mandato, y los resultados muestran que la desaprobación ha subido un 5%, alcanzando un 52%, mientras que la aprobación se mantiene en un 39%. Respecto a la gestión del gobierno, un porcentaje significativo, el 46%, consideró que las decisiones tomadas en estos casi 100 días no han sido correctas, en comparación con el 36% que sí consideró que la emergencia se ha enfrentado correctamente.
La evaluación de la propuesta de ley de reconstrucción y desarrollo económico, liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también mostró movimientos notables. Actualmente, solo un 38% considera que los efectos de esta ley serán positivos para el país, marcando una caída de 7 puntos. Es crucial observar que la percepción negativa creció un 5%, llegando al 36%. Además, el análisis de los posibles beneficiarios de la ley confirma la preocupación sobre las brechas de ingresos, pues el 49% sigue creyendo que beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, disminuyendo la percepción de que apunte a la creación de empleo general.
Otro tema clave abordado en la medición fue la gestión de la deuda. Específicamente, el cobro y embargo por parte de la Tesorería General de la República a los deudores del Crédito Aval del Estado (CAE) mantiene un alto nivel de acuerdo, con un 48% de los encuestados que están de acuerdo con que el Estado exija este cobro. En lo referente a las condiciones de cobro, el embargo de cuentas bancarias obtiene más apoyo (42%) cuando se aplica a quienes tienen capacidad de pago, en comparación con su aprobación general (30%).
Finalmente, los votantes se pronunciaron sobre dos proyectos legislativos relevantes. Sobre la condonación del CAE, un 57% considera que el anuncio del expresidente Gabriel Boric pudo haber incentivado a algunos a no pagar sus cuotas. Respecto al proyecto que plantea el secreto bancario, el 57% se mostró muy de acuerdo con la aprobación, aunque con matices importantes: un 56% considera que esta medida requiere autorización judicial, mientras que un 49% expresa preocupación legítima por los posibles efectos sobre la privacidad individual.
