Tras la decisión de Codelco de exigir la devolución de bonos pagados por cumplimiento de metas de producción durante 2025, se ha abierto un complejo conflicto laboral con las organizaciones sindicales de la minera estatal. Estos sindicatos ya han advertido posibles movilizaciones y una eventual paralización de faenas si la medida afecta a los trabajadores sin un acuerdo previo.
La controversia surgió después de que una auditoría interna detectara irregularidades significativas en los volúmenes de producción reportados durante 2025, especialmente en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales. La investigación concluyó que se habían incorporado toneladas métricas finas de óxidos y arsenito de calcio que no correspondían a la producción real del período, impactando directamente en los reportes productivos.
Tras corregir las cifras, la minera estatal anunció el recálculo de los incentivos asociados a estas metas, lo que conlleva la restitución de cerca de US$14,3 millones destinados a 6.322 trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz. Este proceso de ajuste económico se considera una medida administrativa que afecta significativamente los bonos previamente pagados.
Las organizaciones sindicales han manifestado fuertes cuestionamientos a esta decisión de Codelco, argumentando que los trabajadores no tuvieron responsabilidad en los errores detectados. Los dirigentes sostienen que la devolución de los recursos compromete los ingresos de miles de familias y han advertido que evaluarían acciones de presión, incluyendo paralizaciones de faenas, si la empresa insiste en descontar los montos de manera unilateral.
La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que la restitución del dinero se realizará “con gradualidad y apego a derecho”, ratificando que la corrección de los indicadores de producción obriga a recalcular los incentivos pagados a la fuerza laboral.
Este caso se enmarca en una crisis interna que ya resultó en sanciones y desvinculación de ejecutivos involucrados en la sobreestimación de la producción reportada en 2025. Estos antecedentes de responsabilidad administrativa podrían derivar en nuevas investigaciones judiciales sobre la gestión de la producción minera.
Mientras la administración se enfoca en recuperar los recursos pagados indebidamente, la tensión con los sindicatos amenaza con desencadenar un nuevo conflicto laboral en la principal minera estatal. Este conflicto pone en riesgo la continuidad operacional de sus divisiones si no se llega a un acuerdo satisfactorio que equilibre los intereses de los accionistas con los derechos de los trabajadores.
