El análisis de JP Morgan, conducido por Diego Pereira, experto en Cono Sur, evaluó el proyecto de ley de Reconstrucción impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. El informe destaca la ambiciosa política económica enfocada en estimular el crecimiento económico a través de la simplificación regulatoria y la implementación de una baja de impuestos corporativos, calificándolas como un esfuerzo significativo en años. El experto proyectó tres escenarios posibles basándose en el nivel de cumplimiento de las expectativas de crecimiento del Ejecutivo.
El analista de la entidad financiera valoró el fuerte énfasis en políticas pro-crecimiento y la simplificación de procesos, aunque advirtió que esta iniciativa conlleva importantes riesgos fiscales al sustentarse en una premisa atractiva, pero incierta. Según JP Morgan, el Ejecutivo busca una delicada maniobra económica para reavivar la inversión sin descuidar la disciplina fiscal que ha sido crucial para la credibilidad de Chile en los mercados globales. El plan para fomentar el crecimiento económico mediante la reducción de trabas y la reducción de impuestos corporativos marca un profundo giro en la concepción de la política económica nacional.
Uno de los pilares clave es la reducción gradual del impuesto corporativo, que pasaría del 27% al 23% entre 2027 y 2029. JP Morgan estimó que el costo fiscal permanente de esta medida podría impactar el PIB, alertando que el llamado dividendo de crecimiento podría demorar más de una década en materializarse. A pesar de este riesgo, Pereira respaldó el diagnóstico gubernamental, ya que señalar que la tasa impositiva chilena se encuentra por sobre el promedio de la OCDE, afectando directamente la *competitividad* y la formación de capital.
En cuanto a la simplificación regulatoria, el informe la califica como el componente de mejor relación costo-beneficio. El banco destacó positivamente las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la aceleración de permisos y el establecimiento de límites para medidas cautelares ambientales. Si bien estas medidas podrían facilitar drásticamente los plazos de ejecución de grandes proyectos, es crucial mantener el equilibrio entre la seguridad jurídica para la inversión y la protección ambiental.
Para evaluar el impacto a largo plazo, JP Morgan trazó escenarios basados en el crecimiento económico. En un panorama optimista, la reforma podría alcanzar el equilibrio fiscal en cinco a seis años. Por el contrario, en un escenario intermedio o pesimista, el proyecto representaría una carga financiera persistente, aumentando el déficit fiscal respecto al PIB. Finalmente, JP Morgan enfatizó que el éxito de esta apuesta depende del dinamismo económico para generar los recursos que el presupuesto nacional, por sí solo, no puede garantizar.
