Durante el mes de abril, el Ejecutivo tiene previsto presentar una reforma tributaria que, si se aprueba, representaría la novena modificación en quince años, tras el fracaso del ex ministro de Hacienda Mario Marcel.
La iniciativa del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, incluye una reducción progresiva del impuesto aplicable a las grandes empresas, pasando del 27% actual al 23%. Además, se propone un subsidio para la contratación de trabajadores en riesgo de caer en la informalidad. Aunque este tipo de medida podría incrementar las utilidades empresariales y, a largo plazo, generar empleo y dinamismo económico, sus efectos dependerán de las condiciones macroeconómicas vigentes.
Claudia Valdés Muñoz, directora de BBSC, respaldó la iniciativa al considerarla positiva y estratégica para impulsar la economía. Recordó la experiencia de la reforma de 2014 y señaló que, con un sistema más eficiente y una mejor reinversión de los recursos, el panorama actual podría ser diferente. Por su parte, Gonzalo Lucero, abogado de SL Abogados, explicó que la propuesta integraría el impuesto corporativo con el del propietario, reduciendo la carga total para estos últimos al permitir descuentos directos en el cálculo final.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, con una caja fiscal de US$46 millones a diciembre de 2025, el gobierno prioriza la claridad y precisión en los ajustes fiscales. La publicación de la reforma está programada para este mes, tras superar las incertidumbres derivadas de la situación internacional.
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