El Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó un proyecto de ley que busca introducir importantes cambios en el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), modificando sus atribuciones, su estructura interna y su sistema de dirección. Estas reformas buscan redefinir el rol del organismo en la protección de los derechos humanos en Chile.
Entre las principales medidas, la propuesta plantea eliminar la facultad del INDH para presentar querellas criminales, disminuir de 11 a 5 los integrantes de su Consejo, y crear una Dirección Ejecutiva. Esta última tiene el propósito de separar las funciones directivas de las labores administrativas y operativas, buscando una gestión más especializada del Instituto.
Uno de los cambios centrales que impacta las atribuciones es la eliminación de la posibilidad de interponer querellas criminales relacionadas con vulneraciones de derechos humanos. No obstante, el organismo mantendría la capacidad de presentar recursos de protección y amparo para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, el INDH podría seguir interviniendo como amicus curiae, aportando informes técnicos especializados a los tribunales.
Otra modificación clave afecta la composición del Consejo del INDH, cuyo número de integrantes se reduciría de 11 a 5. Este nuevo mecanismo de diseño institucional considera la participación de representantes vinculados a la sociedad civil, a la Cámara de Diputados y a universidades, estableciendo requisitos de votación específicos para regular la designación de los miembros.
El proyecto de reforma también estipula la creación de una Dirección Ejecutiva que asumirá la representación legal y la gestión administrativa y operativa. Esta posición será asignada mediante concurso público, ejerciendo por un período de cinco años.
Desde el punto de vista financiero, el informe que acompaña la reforma anticipa una disminución de la dotación de trabajadores del INDH, especialmente en las oficinas regionales. Se proyecta una reducción significativa en el personal y la unidad de protección. En materia económica, el documento estima que la reforma permitiría reducir el gasto fiscal en miles de millones de pesos anualmente, señalando un ahorro fiscal sustancial una vez implementadas las modificaciones.
Este proyecto de ley, que altera la estructura y las atribuciones del INDH, deberá ser discutido por el Congreso Nacional, donde se analizarán detalladamente los cambios propuestos a la gestión y función de esta institución de derechos humanos.
