El Juzgado de Garantía de Valparaíso formalizó a dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por cuasidelito de homicidio, un avance crucial en la búsqueda de justicia tras el mega incendio ocurrido el 2 y 3 de febrero de 2024, tragedia que dejó 138 víctimas fatales. La Fiscalía argumentó que la fallida gestión de emergencia se debió al incumplimiento del deber de emitir oportunamente las alertas técnicas que activan el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), herramienta clave en cualquier proceso de gestión de emergencias.
Se destaca la atribución de responsabilidad penal a autoridades técnicas en este caso, un hito valorado por los familiares de las víctimas del mega incendio Valparaíso. Sin embargo, la querellante enfatiza la necesidad de que la investigación se extienda más allá de los funcionarios de Conaf, dirigiéndose hacia las autoridades políticas que ostentaban responsabilidades en la gestión de la emergencia.
En el contexto de la investigación, se ha puesto el foco en tres niveles de responsabilidad. El primero radica en los nueve implicados en el origen del fuego. El segundo nivel apunta a la responsabilidad de las autoridades técnicas de Conaf, como los formalizados, cuyas acciones fueron consideradas negligentes al no contener la propagación del fuego. Por su parte, el tercer nivel, y de mayor relevancia para la justicia, se enfoca en las autoridades políticas por la falta de medidas de contención y la ausencia de ejecución de los planes de gestión de emergencia en el radio urbano.
Los afectados señalan que la omisión en la activación de la Alerta de Emergencia (SAE) y el retraso en la respuesta fueron factores determinantes que impidieron la evacuación necesaria, agravando las consecuencias del incendio 2 y 3 de febrero. Se reclama una investigación profunda sobre el supuesto “cartel del fuego”, un esquema que se sugiere que busca generar ganancias económicas con el aumento de la magnitud de los incendios.
Ante la persistencia de irregularidades en la gestión, se ha solicitado la revisión contractual del funcionario de Conaf formalizado, argumentando que ninguna persona con imputaciones de esta gravedad debería seguir prestando servicios. Es fundamental que la investigación sobre la responsabilidad penal de estas autoridades no se detenga, sino que se refuerce la revisión de la conducta institucional de Conaf en el manejo de esta crisis.
Ante la posible dilación en la investigación, se está considerando solicitar al Fiscal Nacional Ángel Valencia la reasignación de la investigación sobre el mega incendio a otra región. Este proceso de búsqueda de justicia exige que se esclarezcan todas las responsabilidades, abarcando tanto a los funcionarios técnicos como a los decisores políticos en la gestión de emergencia. El plazo de 180 días para la investigación de este caso histórico sigue siendo un periodo de alta tensión para la comunidad afectada.
