La muerte de un menor en San Bernardo ha reactivado el debate sobre la seguridad pública y la efectividad de las estrategias implementadas por el Ministerio de Seguridad. A pesar de que Martín Arrau cuenta con una alta aprobación, ciertos sectores políticos cuestionan la falta de resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado.
La crítica se intensificó tras el trágico suceso, enfocándose en que las acciones se han limitado a operativos, sin evidenciar un cambio estructural profundo. Políticos como Raúl Leiva y Pedro Araya han exigido acciones concretas, señalando que la respuesta gubernamental debe enfocarse más en combatir el crimen organizado que en meros operativos de fachada. Este clamor llevó incluso a figuras como el alcalde Cristopher White a pedir un despliegue militar inmediato para restaurar el control territorial.
Ante el escrutinio, La Moneda ha defendido su Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030. Este plan, una hoja de ruta que incluye múltiples medidas, busca recuperar el control del Estado y fortalecer a las policías frente al delito. Sin embargo, la expectativa es que el Ministro Arrau muestre avances sólidos que trasciendan la comunicación y muestren una gestión efectiva en materia de seguridad pública.
Paralelamente, el Ejecutivo ha presentado datos que buscan legitimar su gestión. Se destacaron bajas en la criminalidad, como la disminución de robos violentos y un alto porcentaje de droga incautada. Estos reportes oficiales apuntan a una mejoría en materia de seguridad, lo que el gobierno utiliza para desestimar las críticas políticas. No obstante, el desafío pendiente es demostrar cómo estas cifras se traducirán en una reducción sostenible del delito y una estrategia de seguridad pública que satisfaga las demandas de una ciudadanía preocupada por el impacto de la violencia en sus barrios.
