La noche del martes terminó transformándose en una de las jornadas más complejas para el Gobierno de José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda. A las 21:57 horas, el Tribunal Constitucional (TC) comunicó que cuatro disposiciones de la ley “Escuelas Protegidas” fueron declaradas inconstitucionales, desarmando artículos clave de la apuesta gubernamental para la seguridad escolar.
No se trata de una derrota superficial. “Escuelas Protegidas” representaba un proyecto central en la política educacional del Gobierno, buscando más atribuciones para combatir la violencia escolar y establecer sanciones severas. El Tribunal Constitucional acogió parte de los cuestionamientos de la oposición, dejando fuera medidas controvertidas sobre atribuciones educativas.
Entre las normas rechazas destacaron la obligación de informar a las policías sobre estudiantes que se negaran a revisar su mochila, la facultad para que Carabineros o la PDI revisaran vestimentas y pertenencias sin orden fiscal, las sanciones por interrupciones de clases y la restricción de la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves, afectando los derechos educativos.
La magnitud del revés fue evidente en las reacciones de la oposición, calificando el fallo como un freno a una reforma que buscaba mejorar la convivencia escolar en los establecimientos.
A pesar del impacto directo en los aspectos más visibles de la normativa, la estrategia del Gobierno apuntó a contener el daño político. La ministra de Educación, María Paz Arzola, evitó entrar en confrontación con el TC, destacando que la ley conserva otras herramientas para avanzar en materia de seguridad escolar. Afirmó que el objetivo final de fortalecer el sistema educacional sigue en pie.
La ministra insistió en que el Gobierno analizará los fundamentos de la sentencia y posibles acciones futuras. Sin embargo, también transmitió una señal de continuidad, señalando que otras disposiciones de la ley, como nuevas facultades para los docentes y modificaciones al sistema de denuncias por convivencia escolar ante la Superintendencia de Educación, mantienen su vigencia.
Más allá de la comunicación de la cartera, el alcance del fallo es significativo. Las disposiciones anuladas correspondían a los elementos más debatidos sobre el orden y la seguridad, siendo críticas para la propuesta de mejora de los derechos educativos.
El fallo del TC adquiere además una dimensión simbólica, marcando el primer gran desafío constitucional para una iniciativa emblemática de la administración Kast en la materia de reforma educativa.
Lejos de asumir el fallo como un punto final, el oficialismo ya ha anunciado una contraofensiva, incluyendo la presentación de una reforma constitucional para reponer la norma que vinculaba la gratuidad a la conducta estudiantil.
Esta apuesta se fundamenta en la defensa de que la gratuidad, un beneficio financiado con recursos públicos, puede estar sujeta a ciertas exigencias.
La resolución del TC no solo obliga al Ejecutivo a recalibrar “Escuelas Protegidas”, sino que genera un complejo debate sobre futuras iniciativas de seguridad escolar y el acceso a beneficios educativos. El dato político permanece claro: las medidas más visibles del proyecto fueron las que el Tribunal Constitucional decidió sacar del camino, redefiniendo el panorama de la educación chilena.
