Las críticas contra el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, en el contexto del caso de los niños haitianos han generado tensión en el interior del Frente Amplio. La colectividad evitó respaldar abiertamente a la principal autoridad del área migratoria durante la administración de Gabriel Boric. No obstante, hicieron un llamado a la cautela, exigiendo no asumir responsabilidades antes de la conclusión de las investigaciones sobre la gestión migratoria.
Desde la tienda oficialista alertaron que aún existe información parcial sobre el caso, cuestionando los intentos de atribuir culpas políticas antes de que los organismos competentes esclarezcan los hechos. En este escenario, dirigentes del Frente Amplio acusaron a ciertos sectores de buscar convertir a Thayer en un chivo expiatorio de una situación que involucra a diversas instituciones del Estado. Andrés Couble, secretario general de la colectividad, instó a evitar las disputas políticas en torno al caso de los niños haitianos, acusando al Gobierno de buscar responsables de forma anticipada.
“La situación es muy delicada y hoy tenemos información parcial; buscar rencillas políticas o culpar al gobierno anterior no llevará a ninguna solución”, afirmó. Esta postura surge en medio de la creciente presión sobre la gestión migratoria durante el gobierno Boric. De hecho, el silencio del exmandatario también ha sido criticado, especialmente porque en días recientes se había referido a otros temas de la contingencia nacional, manteniendo el foco en la defensa de la documentación exigida a ciudadanos haitianos.
Mientras la atención se centra en las decisiones del pasado, desde el Frente Amplio han salido a defender ciertas medidas del Servicio Nacional de Migraciones, particularmente las relacionadas con la reunificación familiar. El diputado frenteamplista Jorge Brito destacó que las modificaciones normativas impulsadas buscaban agilizar estos procesos. A pesar de ello, la prioridad que defendieron los dirigentes del Frente Amplio es determinar el paradero de los niños y esclarecer si hubo vulneraciones de derechos o posibles delitos en el caso.
