La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast instruir a todos los ministerios dejar sin efecto actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos, y que ordene el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo distorsiones gramaticales en razón de género o clasificación identitaria. Esta iniciativa aborda el debate sobre la correcta gramática española y el uso del lenguaje en la administración pública.
Se trata de un proyecto impulsado por diversos diputados y celebrado por la bancada del Partido Republicano, que enfatizó la necesidad de que el Estado hable el idioma de todos los chilenos, sin ideologías. El documento establece que, durante el gobierno del presidente Boric, se intentó imponer forzosamente el lenguaje inclusivo en instituciones públicas y establecimientos educacionales, un tema que ha generado intensos debates sobre la identidad lingüística de Chile.
No obstante, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos cuestionaron la acción, señalando que la resolución no define qué es el lenguaje inclusivo. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) advirtió sobre el negativo impacto en personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento requiere el uso de un lenguaje inclusivo para garantizar la no discriminación, en línea con lo exigido por la Ley Zamudio. Ramón Gómez, encargado de DDHH de Movilh, reafirmó que la libertad de expresión no debe ser restringida por decretos gubernamentales.
Históricamente, el enfoque del lenguaje inclusivo se ha centrado en promover el lenguaje no sexista y la equidad de género, más que en la imposición de neologismos gramaticales. Manuales de diversas instituciones, como la Subsecretaría de las Culturas y el Ministerio de Justicia, han recomendado el uso de sustantivos colectivos o términos genéricos, como usar “la ciudadanía” en vez de “todos”, o el uso de la palabra “persona” para evitar el masculino genérico. Estas guías buscan la inclusión sin alterar la morfología del español.
Los manuales también han abordado las identidades no binarias, limitando sus recomendaciones a preguntar a la persona sobre su pronombre preferido y utilizar su nombre social, sin proponer cambios en la terminación gramatical. La RAE y expertos académicos señalan que el objetivo principal del uso del lenguaje en la administración pública es mantener la claridad comunicativa y la coherencia lingüística, evitando la proliferación de neologismos que comprometan la gramática española y sean difíciles de interpretar por la población general.
