Una nueva polémica sacude a la Subsecretaría de Seguridad Pública tras denuncias sobre presuntos “amarres” en concursos públicos que beneficiaron a exjefes de división durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Según El Mercurio, dos exfuncionarios accedieron a cargos de planta mediante concursos abiertos desde febrero, lo cual encendió alertas en la oposición y reabrió el debate sobre eventuales contrataciones de última hora en el gobierno actual.
Desde la Subsecretaría, dirigida por Rafael Collao, aseguraron que las incorporaciones se ajustaron a la normativa vigente. Argumentaron que los procesos fueron concursos públicos, dentro del marco del Estatuto Administrativo y reglas de la planta ministerial, descartando irregularidades.
Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. El diputado UDI Felipe Donoso sostuvo que el Ejecutivo abandonó su discurso contra el “pituto” y aseguró que hoy está asegurando puestos para cercanos antes de dejar el poder. Cuestionó al Presidente y planteó que el Gobierno estaría usando sus últimos días para favorecer a los propios.
El diputado republicano Agustín Romero afirmó que esto no sería un caso aislado, sino una práctica que se repetiría en distintas reparticiones. Aseguró que la señal política sería equivocada si la prioridad fuera seguridad y no asegurar cargos.
Tras estas denuncias, se instaló el debate sobre la posibilidad real de revertir estos nombramientos y los márgenes legales para una nueva administración hacerlo.
El abogado administrativo Gustavo Alarcón explicó que cualquier gobierno entrante enfrenta límites al momento de desvincular funcionarios, especialmente cuando se trata de contratas con años de permanencia. Estos incluso pueden invocar ante tribunales el principio de confianza legítima.
Más que anular casos puntuales, lo que requiere es una reforma al Estatuto Administrativo que regule claramente estos derechos y evite que la discusión se repita cada cambio de gobierno.
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