Desde el 15 de julio, cuando la Comisión de Economía visó en general el proyecto que limita la Unidad de Fomento (UF) como medio de reajustabilidad, esta iniciativa ha sido tema de debate entre expertos economistas, gremios empresariales y distintos sectores políticos. Estos han advertido acerca de los efectos negativos que podría generar la medida en el supuesto caso de que se convirtiera en ley.
El martes expusieron en la Comisión de Economía Andrés Herrera, director del Sernac; y Álvaro Gallego, economista. Herrera planteó a la comisión que “para el consumidor es más conveniente la modalidad del reajuste sobre la base del IPC que de la UF”. El director del Sernac explicó esta postura, añadiendo que en caso de la UF hay una capitalización diaria, un cálculo compuesto que otorga al consumidor una mayor carga financiera, con menor predecibilidad respecto de los cobros. Versus, el IPC, en el que son más espaciados en el tiempo, permiten una menor carga financiera y claridad en la proyección.
Herrera señaló además que “incluso, en términos económicos, en periodo estándar, termina siendo levemente más conveniente el cálculo por IPC sobre la UF”. Por su parte, Gallego hizo hincapié en que el sistema financiero es capaz de adaptarse a los cambios. Expresó su convicción de que los índices de indexación tienen que ir adecuándose a las circunstancias de la economía.
A partir de estas intervenciones, Daniel Manouchehri, uno de los autores del proyecto, señaló que esto confirma lo que han venido manifestando los promotores de la iniciativa. “La UF, tal como está siendo usada hoy, castiga a las familias en lugar de protegerlas”. Si incluso el Sernac reconoce que implica una mayor carga financiera que el IPC, ¿por qué se sigue defendiendo su uso en contratos de corto plazo?”, cuestionó.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini insitió en que “este proyecto no elimina la UF”. Advirtió que “esa caricatura sólo busca confundir”, ya que quienes están detrás del proyecto buscan regular el uso abusivo de la UF en contratos de corto plazo como arriendos, salud y educación.
A partir de este escenario, Manouchehri anunció que recogiendo las inquietudes técnicas y con el objetivo de avanzar en acuerdos amplios, “el proyecto será perfeccionado para enfocarse exclusivamente en contratos de corto plazo”.
