El Gobierno declaró en emergencia preventiva a las regiones de Atacama y Coquimbo debido al alto riesgo de deshielo, crecidas de cauces y sus potenciales consecuencias sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales. Esta medida se formalizó mediante el Decreto Exento N° 1.676, del Ministerio del Interior, fechado el 20 de noviembre y publicado en el Diario Oficial el sábado 21 de noviembre de 2026.
La vigencia de esta declaración, que aborda la emergencia por crecidas, está establecida hasta el 31 de enero de 2027. Su propósito es anticiparse a nuevos episodios de aumento de caudal asociados al deshielo natural que se espera durante los meses de diciembre y enero.
El fundamento técnico de esta alerta de riesgo proviene del análisis de la Dirección General de Aguas (DGA). La DGA detectó una significativa disminución de superficie cubierta de nieve en las principales cuencas, incluyendo Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, lo cual aumenta la preocupación por posibles inundaciones en las áreas circundantes.
En la Región de Coquimbo, por ejemplo, la reducción de cobertura nival fue notable en las cuencas Elqui, Limarí y Choapa. Este retroceso de nieve, sumado a temperaturas medias positivas, ha provocado incrementos importantes de caudal en ríos clave, aumentando el riesgo de desbordamientos.
El decreto advierte que las crecidas ya han afectado zonas como la provincia de Huasco, en Atacama, donde se registraron anegamientos de viviendas y problemas en servicios sanitarios rurales, evidenciando el riesgo de inundaciones. La principal preocupación de las autoridades se centra en posibles aportes de agua por deshielo, especialmente si persisten temperaturas elevadas.
Estos fenómenos podrían comprometer la seguridad de las comunidades que viven cerca de ríos o quebradas, afectando viviendas, terrenos, caminos y la continuidad de servicios.
Ante esta emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) deberá reforzar el monitoreo del riesgo de inundaciones. Esto implica coordinarse estrechamente con la Dirección General de Aguas, garantizar el intercambio de información vital y asegurar la preparación de las capacidades de respuesta ante crecidas. La intensidad del riesgo por deshielo será evaluada continuamente, ya que dependerá de las reservas de nieve, las temperaturas y las características específicas de cada cuenca hidrográfica.
