Un revés judicial significativo sufrió la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo tras una decisión del Tribunal de Contratación Pública. Este organismo acogió una demanda presentada por la empresa AUTER, declarando ilegal y arbitraria la adjudicación de una importante licitación pública por $2.667.458.526, destinada al proyecto de Conservación Sistema de Control de Tránsito Región de Coquimbo V Etapa.
La sentencia, dictada el 20 de noviembre de 2026, dejó sin efecto la adjudicación inicial. El cuestionamiento judicial se centró en el incumplimiento de uno de los requisitos esenciales de la licitación. Específicamente, la empresa vencedora no presentó el Anexo 4-A, un documento obligatorio, sustituyéndolo con un certificado que, según el tribunal, no garantizaba el cumplimiento contractual requerido en las bases.
La Delegación Presidencial defendió su acción argumentando que la experiencia profesional era lo relevante y no el formulario específico, una postura que el tribunal rechazó. El fallo determinó que las bases de licitación establecen de manera expresa el Anexo 4-A como un requisito esencial. El juez enfatizó la observancia del principio de estricta sujeción a las bases en todo proceso de contratación estatal, considerándolo crucial para mantener la igualdad entre todos los oferentes.
Este fallo no solo invalidó la adjudicación, sino que también ordenó a la Delegación Presidencial emitir un acto administrativo fundado para revisar la necesidad pública. Si la necesidad persiste y el contrato no está ejecutado, se debe retrotraer el proceso hasta la evaluación de admisibilidad, excluyendo ofertas que no cumplan con los requisitos esenciales. En caso contrario, y si la necesidad ya fue satisfecha, el tribunal reconoció a AUTER el derecho a ejercer una eventual acción indemnizatoria.
Este revés judicial representa un claro cuestionamiento a la gestión administrativa y al proceso de licitación pública realizado por la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, subrayando la importancia del cumplimiento riguroso de los procedimientos establecidos en el Derecho Administrativo.
