El senador socialista, Juan Luis Castro, estuvo en el epicentro de un escándalo político esta semana, luego que estallaran polémicas y posibles cargos penales tras la acusación de suplantación de firmas en el ámbito del Senado. El conflicto ahora se dirige hacia la presidenta de su colectividad, Paulina Vodanovic.
Todo comenzó cuando se solicitó el retiro del permiso constitucional que presentaron Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS) para ausentarse del país y participar de una gira por Asia, junto al presidente José Antonio Kast. El documento llevaba la firma de ambos senadores, y Órdenes denunció que no había suscrito dicho permiso.
Los permisos constitucionales son una figura que regula la participación parlamentaria cuando un legislador viaja más de 30 días al exterior, afectando el quórum del Congreso Nacional. Castro explicó que, durante una reunión de comités, se estaba estableciendo el orden de las partidas, un procedimiento tradicional.
Según Castro, durante la sesión, Paulina Vodanovic alertó que se estaban alterando las reglas del juego y el orden de votación. El conflicto se centró en el debate del endeudamiento fiscal y la correcta acreditación de quórum para la votación en el Congreso.
El jefe del comité parlamentario del Socialismo Democrático relató que se sintió sorprendido ante la situación. Textualizó que, al señalar la preocupación, se confirmó que era necesario seguir el procedimiento administrativo bajo las reglas establecidas para los interesados.
Castro asegura haber contactado a Ximena Órdenes esa misma noche, aclarando la situación del conflicto político. Manifestó que los mensajes enviaron que ayudaron a entender el problema, minimizándolo a un tema de orden administrativo y dejando la tensión del escándalo político en un estado de tranquilidad.
Luego, apuntó a la presidenta del PS, detallando su intervención en la tramitación administrativa. Indicó que la regulación requería comunicación formal con los interesados para validar el procedimiento, lo cual demoró el proceso y resultó en la revocación de lo inicialmente iniciado para los senadores.
El senador explicó que la firma en la bancada es una práctica parlamentaria frecuente, utilizando un pool de firmas digitales de cada senador a disposición de la jefatura del comité para atender contingencias pertinentes, siendo este el modus operandi.
La disputa escaló cuando Órdenes envió una carta negando haber suscrito documentos o autorizado el uso de su firma. Este hecho no solo generó una crisis interna en el comité del Socialismo Democrático, sino que también desencadenó una investigación del Ministerio Público por eventual falsificación de instrumento público y posible uso malicioso de la firma en el seno de la política chilena.
