En la Región de Coquimbo parece haberse instalado un deporte favorito entre quienes ejercen el poder: disparar frases para el titular y culpar a las autoridades locales y regionales del lado cuando las cosas no avanzan. Basta seguir el debate público regional para notar un espectáculo agotador: alcaldes que reclaman a todo volumen, un gobernador regional que enfrenta presiones y demoras de arrastre, y un Consejo Regional que muchas veces oscila entre el cálculo político y la falta de fiscalización. Mientras tanto, las obras públicas siguen esperando y los vecinos pagan el costo de una política chica que confunde el micrófono, el titular, el reel con la gestión eficiente.
A este cuadro se suma un diseño institucional para la gobernanza regional a medio camino. Si bien la elección popular del gobernador regional fue una iniciativa positiva, también abrió una competencia permanente sobre quién hace qué y de quién es el mérito, empujando a alcaldes y gobernadores a actuar pensando en su reelección. La existencia de dos autoridades a nivel regional con funciones distintas pero parecidas, sin una clara coordinación gubernamental, confunde a muchos y dificulta la comprensión de las responsabilidades dentro de la región.
Partamos por los alcaldes. Exigir recursos y defender a las comunas es parte de su mandato, pero la constante confrontación no pavimentó ni un metro ni destrabó un solo expediente de la gestión local. Cuando un alcalde lanza frases punzantes o cambia el tono frente a proyectos de desarrollo regional, no está construyendo soluciones. En lugar de ello, suma ruido y tensa la relación con las instancias que deben firmar y visar los proyectos, complicando la ejecución presupuestaria para las comunas.
Lo mismo ocurre cuando se levanta la voz por problemas como el aislamiento rural o la necesidad de obras públicas, pero mezclando responsabilidades que corresponden a la propia administración comunal, a emergencias, a ministerios sectoriales, o al Gobierno Regional. Es crucial transparentar con rigor cuántos proyectos ingresan bien formulados, cuántos tienen observaciones técnicas, y qué ocurre con las obras que terminan mal ejecutadas a nivel local, para mejorar la calidad de la política regional.
El gobernador regional tiene desafíos evidentes, como acelerar la ejecución presupuestaria, afinar la coordinación entre las unidades ejecutoras y convertir el seguimiento de proyectos en soluciones reales. Su tarea requiere destrabar un aparato público lento y que sigue siendo centralizado, y ordenar prioridades para quince comunas con realidades muy distintas. Exige tiempo y rigurosidad técnica gestionar proyectos mal formulados o con quiebres contractuales heredados, sin asumir las fallas de origen en las unidades ejecutoras.
El seguimiento de las iniciativas financiadas es necesario, se hace, pero no basta con constatar retrasos o fallas en los servicios ejecutores. El Consejo Regional (CORE) debe ejercer su función de fiscalización con datos concretos. Su deber no solo es aprobar lo que le agrade políticamente, sino auditar por qué se caen contratos o se disparan los montos de los recursos regionales, votando siempre con criterios técnicos y de equidad regional.
La ciudadanía está cansada de este ping-pong de egos. Las autoridades locales y regionales no las eligieron para ganar discusiones ni para medir fuerzas políticas a costa del desarrollo local. Las eligieron para resolver problemas reales en las poblaciones, en los campos y en el borde costero. El mensaje es simple y directo: se debe priorizar la gestión seria, colaborativa y medible para el bienestar de toda la región, dejando de lado el espectáculo político.
