Comenzó el festival de las acusaciones constitucionales con la intervención de los diputados de la UDI, Eduardo Cretton y Constanza Hube, quienes arremetieron contra la oposición. Este conflicto surgió después de que senadores de izquierda amenazaran con impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debido a los recursos destinados a financiar la reforma de pensiones.
Los parlamentarios oficialistas criticaron la actitud de sus pares opositores, calificándola de patética. Según señalan, estas acciones buscan presionar al Gobierno de José Antonio Kast cada vez que existe una diferencia política, especialmente durante la discusión del Presupuesto 2027 en el Senado. La controversia se centró en que Hacienda no incorporara los US$160 millones necesarios para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), creado en el marco de la reciente reforma de pensiones.
El senador Daniel Núñez (PC) fue uno de los más enérgicos, advirtiendo que el ministro podría enfrentar una acusación constitucional si no se resolvía la inclusión de esos recursos. Afirmó que un ministro que incumple la ley genera una causal de acusación constitucional, manteniendo la posibilidad como una herramienta política.
Estas declaraciones provocaron una dura reacción de Cretton y Hube, quienes consideraron que las amenazas representan una estrategia de la izquierda para complicar al Gobierno. Los diputados cuestionaron que cualquier desacuerdo futuro será usado como una excusa para exigir la renuncia o amenazar con destituir a un ministro, recordando además el caso previo del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Los gremialistas extendieron su reproche, señalando que los senadores continúan con las advertencias pese a las explicaciones detalladas de Jorge Quiroz durante las discusiones presupuestarias. Afirmaron que, en lugar de acatar las explicaciones sobre el Presupuesto 2027, la oposición prefiere mantenerse en la confrontación.
Finalmente, Cretton y Hube recordaron que la facultad de presentar acusaciones constitucionales no corresponde a los senadores, sino a la Cámara de Diputados. Concluyeron que, si la oposición desea acusar al ministro de Hacienda por cualquier razón, debe solicitarlo a sus bancadas de diputados y asumir las consecuencias políticas de ese proceso en el ámbito del Congreso Nacional.
