La Comisión Especial Investigadora que indagó las actuaciones de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, concluyó que habría excedido sus atribuciones legales e infringido el principio de probidad administrativa, sin haber cumplido cabalmente su rol de asesoría al presidente José Antonio Kast. Así quedó establecido en el informe de conclusiones sobre la gestión de la exministra, el cual analizó hechos como la solicitud de información a la Policía de Investigaciones (PDI) y el retiro de la prefecta general, Consuelo Peña. Es fundamental precisar que estas son conclusiones políticas sobre la gestión y la responsabilidad de la exministra, y no una sentencia judicial, aunque se acordó remitir estos antecedentes al Ministerio Público.
Entre los principales cuestionamientos de la investigación de la exministra Steinert se destaca el oficio reservado N.º 28, emitido el 13 de marzo de 2026. Este documento, relacionado con investigaciones penales, solicitó antecedentes específicos sobre funcionarios de la PDI. La comisión recordó que Contraloría había determinado que el requerimiento sobre la investigación penal excedió las atribuciones legales y que la exministra debía abstenerse de intervenir debido a su anterior rol como fiscal regional. Por lo tanto, la Comisión Investigadora concluyó que la exministra violó el principio de probidad administrativa al incumplir su deber de abstención.
Otro punto crítico fue el retiro absoluto de la prefecta general de la PDI, Consuelo Peña. La comisión señaló que no logró esclarecer los fundamentos de esta decisión, planteando que, si la exministra Steinert no participó en la decisión —como sugirió el director general de la PDI—, habría incumplido su obligación de asesorar al presidente en la conformación de los altos mandos policiales, así como en sus retiros. El informe también reveló contradicciones en las funciones de los asesores presidenciales, quienes debían apoyar en la revisión de decretos y la coordinación de nombramientos, generando dudas sobre la gobernanza de la seguridad pública.
Asimismo, la investigación de la seguridad pública cuestionó la falta de antecedentes concretos sobre un programa o plan de seguridad de la administración de Kast. Se señaló que la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio evidenciaría un desconocimiento de su importancia legal y de gestión. A esto se suma la falta de una estrategia bianual en la Política Nacional de Seguridad Pública y un grave déficit de control sobre las actuaciones de la exministra y la PDI. El gabinete presidencial, según el documento, carecía de conocimiento de las decisiones de Steinert y no contaba con un equipo dedicado a la seguridad pública.
Finalmente, la comisión acusó al Gobierno de no adoptar medidas para establecer responsabilidades por la filtración del oficio reservado N°28. En sus recomendaciones, se exige establecer protocolos jurídicos para solicitudes de información a las policías, clarificar las funciones de los asesores presidenciales e implementar procedimientos para detectar conflictos de interés. Se acordó, además, enviar estos antecedentes al Ministerio Público para evaluar posibles hechos constitutivos de delito relacionados con la filtración y la coordinación de las investigaciones penales de funcionarios de la PDI.
