La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció que se buscará despachar a ley, a más tardar el martes, la iniciativa resultante del acuerdo entre el Gobierno y los camioneros para la rebaja en el precio de los combustibles. Tras participar en el Encuentro Nacional de Renovación Nacional en Santiago, la senadora abordó la tramitación de lo pactado entre el Ejecutivo y las principales organizaciones del transporte terrestre, como la CNDC y la CNTC.
“Fijamos los plazos, nos coordinamos con la mesa de la Cámara, y el día lunes vamos a sesionar inmediatamente nosotros, para que el día martes ya seamos capaces de despacharlo a ley”, afirmó. Ante la posibilidad de extender las medidas a otros sectores del transporte, Núñez hizo hincapié en que deben aprobar primero este acuerdo y luego discutir cualquier apoyo adicional, crucial para la estabilidad del transporte terrestre.
La presidenta de la Cámara Alta insistió en que el Congreso Nacional es el espacio adecuado para abordar una eventual ampliación de las medidas que dependan de la acción del Ejecutivo.
En la misma actividad, Andrea Balladares, presidenta de RN, pidió el respaldo de distintas fuerzas políticas y defendió las decisiones adoptadas por el Gobierno respecto a la crisis de los combustibles. Según planteó, las medidas tomadas en marzo por el presidente José Antonio Kast fueron clave para ordenar las cuentas fiscales y disponer de recursos para enfrentar la situación actual del país.
“Espero que la oposición sea partícipe de votar y apoyar esto, que es lo que los transportistas necesitan y que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para dar respuesta a una situación crítica para todo el país”, señaló Balladares.
Balladares también abordó el tema de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señalando que estas acusaciones se deben evaluar en su mérito y no deben utilizarse como meras herramientas para puntos políticos.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que, si no existe una transgresión constitucional, corresponde rechazar este tipo de acciones, más allá de su popularidad. Llamó a resguardar la independencia de los poderes del Estado ante cualquier acusación y recalcó que es vital que el debate político mantenga un consenso y evite acciones que puedan comprometer la estabilidad institucional.
