La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, solicitó ante la Policía de Investigaciones (PDI) y la Defensoría Penal Pública información detallada sobre las detenciones de personas por publicaciones en redes sociales o mensajes en aplicaciones de mensajería catalogados como amenazas dirigidas contra el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Esta acción fiscalizadora busca esclarecer cómo funcionan las alertas que plataformas digitales, específicamente Meta, remiten a las fuerzas policiales, el número de procedimientos iniciados a partir de estos reportes de contenido y si las actuaciones policiales han respetado las garantías constitucionales y legales.
En los oficios del 11 y 12 de noviembre, la parlamentaria reporta al menos siete detenciones ocurridas entre junio y octubre de este año, basadas en expresiones consideradas amenazantes contra las autoridades. Fries citó procedimientos en Cunco, Chillán y Linares, destacando el caso de una adolescente de 17 años cuya detención fue judicialmente declarada ilegal.
“Hemos conocido de casos que terminan en detenciones ilegales por amenazas al presidente José Antonio Kast. Es crucial entender que no toda amenaza debe ser investigada; debe ser verosímil. No se debe confundir la falta de verosimilitud en las amenazas con la libertad de expresión, con la sátira o con críticas políticas”, argumentó Fries.
En el requerimiento dirigido a la PDI y al ministro de Seguridad Pública, la diputada solicitó copias íntegras de cualquier convenio, protocolo o instrumento que regule la recepción de alertas de Meta u otras plataformas digitales, y su fundamento legal. También pidió precisión sobre qué tipo de información reciben las policías, incluyendo si los reportes cubren mensajes directos, conversaciones grupales o publicaciones restringidas, y si se están solicitando antecedentes adicionales sin la debida autorización judicial.
Respecto a los procedimientos, Fries demandó cifras de las detenciones practicadas desde el 11 de marzo de 2026, diferenciando entre acciones mediante orden judicial o por flagrancia, además del número de casos que involucraron a menores de edad y cuántos resultaron en declaraciones de ilegalidad.
En paralelo, a la Defensoría Penal Pública pidió estadísticas de las causas por amenazas contra autoridades que asumió la defensa desde enero de 2024, incluyendo medidas cautelares, resultados judiciales y detenciones declaradas ilegales, poniendo especial foco en los procedimientos que involucran a adolescentes.
La diputada recordó la importancia de las garantías legales, enfatizando que, según los antecedentes de Linares, la joven fue interrogada sin un defensor y sin lectura de sus derechos. Fries recordó que el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente exige la participación de un defensor en actuaciones que superen la simple acreditación de identidad.
Fries advirtió que la pérdida de este foco distinción conlleva un riesgo grave en una democracia: la persecución. El objetivo de estos requerimientos es establecer límites claros a las actuaciones policiales frente a las alertas digitales. “Los delitos hay que investigarlos, pero la libertad de expresión hay que garantizarla”, concluyó la diputada.
