La discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputadas y Diputados dejó resultados variados para el Gobierno de José Antonio Kast. Durante la segunda jornada de votación particular, los parlamentarios aprobaron recursos para los ministerios de Defensa, Obras Públicas y Agricultura, si bien el respaldo no aseguró todas las asignaciones de estas carteras clave.
El Ministerio de Defensa fue una de las partidas más analizadas, obteniendo 124 votos a favor. Estos recursos contemplan un incremento de 7,6% para el próximo año, lo que subraya la importancia de la defensa nacional y la vigilancia de las fronteras marítimas y aéreas, áreas vitales que requirieron financiamiento específico.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) consiguió 102 votos a favor, con un aumento del 8,9% en su presupuesto. Se destinaron cerca de $3,5 billones a inversión pública, aunque el rechazo de recursos específicos para la Dirección de Vialidad generó controversia en el debate sobre la mejora de caminos y conectividad.
La discusión sobre el Ministerio de Agricultura representó la mayor controversia en términos de asignaciones de presupuesto. Aunque la partida general fue aprobada por un margen estrecho, la Cámara rechazó fondos esenciales para dos pilares del desarrollo rural: Indap y SAG. Las críticas se centraron en la necesidad de mejorar el financiamiento a pequeños agricultores y al mundo campesino.
Legisladores advirtieron sobre la creciente escasez hídrica y la necesidad de invertir urgentemente en obras hidráulicas, embalses y agua potable rural. La falta de instrumentos suficientes para el sector agrícola, sumada al aumento de los costos de producción, fue un punto recurrente en el debate, llevando a solicitar mayores aportes a programas de fomento productivo.
Finalmente, el resultado de esta jornada deja claro que la aprobación del Presupuesto 2027 es un proceso complejo. El financiamiento de un ministerio no garantiza la continuidad de todos sus programas. El debate continúa enfrentando las prioridades de gasto del Ejecutivo con las exigencias parlamentarias en cuanto a inversión pública, el apoyo a la agricultura y servicios esenciales.
