La oposición ha presentado una Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Esta iniciativa aborda las controvertidas rebajas de condena otorgadas a acusados de delitos sexuales contra menores de edad y casos de violaciones a los derechos humanos. Los parlamentarios señalan que el ministro incurrió en infracciones legales y proporcionó información engañosa al Congreso, lo que llevó a cuestionar su permanencia en el cargo y exigir responsabilidades sobre la gestión de justicia.
Tras ingresar el libelo, que consta de 189 páginas y tres capítulos acusatorios, los diputados destacaron la coordinación entre los partidos opositores para respaldar la acción legal. El diputado Raúl Leiva subrayó que la presentación de esta acusación constitucional es una acción con fundamento tanto político como jurídico, demostrando una unidad en la oposición respecto a la aplicación de la ley.
La diputada Emilia Schneider se dirigió directamente contra el Ejecutivo, acusando que el gobierno del presidente José Antonio Kast, y específicamente a través del Ministerio de Justicia dirigido por Rabat, había fallado a las víctimas. Criticó que el secretario de Estado entregó información falsa ante el Congreso, exigiendo que se definan las responsabilidades correspondientes a la gestión judicial y la transparencia.
Los fundamentos de la acusación constitucional se centran en tres áreas: las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, los beneficios otorgados en casos de derechos humanos y un posible incumplimiento del deber de probidad. En este último punto, se acusa a Rabat de vulnerar la Constitución al manejar información que no se ajustaba a los antecedentes conocidos sobre la justicia penal.
Andrea Parra cuestionó vehementemente los argumentos de Rabat para justificar sus decisiones, asegurando que el ministro debía actuar estrictamente dentro de las facultades que establece la legislación, sin ignorar lo dictaminado por la Corte Suprema. Leiva recordó que el ministro enfrenta ya múltiples cuestionamientos, incluyendo investigaciones de Contraloría y del Ministerio Público, además de esta acción de acusación constitucional.
Las críticas se extendieron al presidente José Antonio Kast, a quien los parlamentarios reprocharon no haber solicitado la renuncia de Rabat. Jorge Brito enfatizó que si el mandatario decidió retener al ministro, el Congreso debe juzgar su continuidad. El objetivo de la discusión es centrarse en la protección de las víctimas y la correcta aplicación de la justicia, más allá de las diferencias políticas partidistas.
La acusación constitucional será puesta en conocimiento formal de la Cámara el próximo lunes, iniciando así su tramitación legislativa y dando comienzo a un profundo debate sobre la responsabilidad del ministro de Justicia y la defensa de los derechos humanos en Chile.
