El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó la decisión del Gobierno de suspender las rebajas de condena y sostuvo que Fernando Rabat debe resolver las solicitudes, en lugar de mantenerlas pendientes. Respecto de los condenados por delitos sexuales contra menores, planteó que corresponde rechazar los beneficios penitenciarios y defender ese criterio ante los tribunales.
El exsecretario de Estado afirmó que la suspensión de estos trámites merece reparos legales y advirtió que los argumentos del ministro para justificar las rebajas están perjudicando la posición de su propia cartera ante el Ministerio de Justicia.
“Cuando el ministro señala que va a suspender las decisiones, no está cumpliendo con el principio de inexcusabilidad y diligencia que exige que actúe con la mayor celeridad posible para resolver la materia”, sostuvo Elizalde.
A su juicio, Rabat debió mantener la estrategia de quienes lo antecedieron: rechazar las solicitudes de beneficios y insistir judicialmente en una interpretación que impidiera conceder estos beneficios. “Debería haber hecho lo que hicieron todos sus antecesores”, afirmó el exministro.
Elizalde también sostuvo que la prohibición legal debía orientar las decisiones del ministerio. “La voluntad del legislador es explícita. El ministro tenía que simplemente cumplirla”, señaló, haciendo hincapié en el marco legal de las condenas.
Consultado por las rebajas concesidas en gobiernos anteriores por orden judicial, pese al rechazo inicial del Ejecutivo, Elizalde respondió que la diferencia estaba en seguir disputando ese criterio, ya que “la acción política fue insistir, insistir”.
El exministro también advirtió que la defensa pública del ministro podría ser utilizada por abogados de condenados para solicitar otros beneficios penitenciarios. “Cada vez que habla, finalmente argumenta en contra de lo que los abogados del Ministerio de Justicia alegan en tribunales”, sostuvo.
En cuanto a la decisión del presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat, Elizalde respondió que cuesta entenderla, ya que le hace pagar un costo al propio gobierno. Aunque sostuvo que el ministro cometió infracciones legales y constitucionales, evitó anticipar su respaldo a la acusación que prepara la oposición. “Mi pronunciamiento sobre la acusación es una vez que está a la vista”, precisó.
