En las últimas horas, el nombre de Margarita Angélica Villegas Lagos, una de las mujeres condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, ha generado gran controversia. Ella forma parte de los 56 sentenciados que se vieron beneficiados con una significativa rebaja de sus penas, decisión que fue autorizada por el Ministerio de Justicia, bajo la administración de José Antonio Kast y que ha sido ampliamente cuestionada.
Según información detallada, Margarita Angélica Villegas Lagos, de 55 años, fue sentenciada inicialmente a 15 años de cárcel por casos de violación y abuso sexual de menores de 14 años. Estos sucesos ocurrieron mientras trabajaba en el Colegio Apoquindo, ubicado en Lo Barnechea, en un contexto de abuso sexual de menores.
La justicia determinó que los hechos de abuso sexual de menores fueron cometidos por ella y su marido, Esteban Alonso Moya Godoy, en una vivienda del recinto, después de que trabajaran por años como auxiliares de aseo en el establecimiento.
Casi 14 años después, y tras el controversial fallo de la Suprema, el Ministerio de Justicia redujo 16 meses la condena de Villegas Lagos. De hecho, su pareja, Esteban Alonso Moya Godoy, también recibió un beneficio comparable. En diciembre de 2021, recibió una rebaja de 22 meses por buena conducta, habiendo sido condenado previamente por estas mismas acciones.
No obstante, lo más llamativo es la conexión con el propio ministro Fernando Rabat, principal foco de las críticas por las rebajas de penas. Entre 2014 y 2023, las familias de las víctimas impulsaron una importante demanda civil para obtener una millonaria indemnización del colegio y de los condenados.
En ese tiempo, Fernando Rabat, que trabajaba como abogado, representó a uno de los dueños del Colegio Apoquindo. Su tarea fue intentar evitar que el establecimiento pagara la indemnización a las familias de los menores afectados.
Inicialmente, las familias exigieron un pago por $6.400 millones, cifra que fue reducida por la primera instancia y finalmente confirmado por la Suprema a inicios de 2023, estableciendo un monto de indemnización final que sigue siendo objeto de análisis legal.
