El exmilitar Pedro Lavín Villalobos, condenado a siete años de cárcel por disparar con un fusil de guerra contra un manifestante durante el estallido social, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar obtener su libertad condicional. Su defensa cuestiona que se le negara este beneficio penitenciario pese a su buena conducta y bajo riesgo de reincidencia. Este caso reabrió la discusión política sobre los indultos y los beneficios a uniformados condenados por hechos ocurridos en 2019.
Un nuevo capítulo judicial enfrenta a Pedro Lavín Villalobos, el exfuncionario del Ejército condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, luego de que su defensa presentara un recurso de amparo. Buscan revertir el rechazo a su solicitud de libertad condicional. Los hechos que motivaron su condena ocurrieron en 2019, en la comuna de Colina, cuando el entonces cabo del Ejército disparó su fusil de guerra contra Carlos Astudillo Ulloa, en medio de las manifestaciones del estallido social.
Según acreditó la justicia, el disparo impactó en la pierna de la víctima, quien sufrió una fractura de fémur y graves lesiones en la arteria y vena femoral, dejando secuelas permanentes. Este ataque quedó registrado en un video viral que fue uno de los casos investigados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina lo condenó. Posteriormente, en septiembre de 2023, la Corte Suprema dejó firme la sentencia, pero ahora su abogado busca que la Corte de Apelaciones de Santiago conceda nuevamente el beneficio de libertad condicional.
La defensa sostiene que la denegación del beneficio penitenciario debe revisarse, pues pese a los antecedentes de buena conducta, el argumento de la falta de tratamiento de contención psicológica no debería ser un impedimento legal para su libertad. Esta acción judicial, además, reactivó el debate político sobre los posibles indultos a uniformados condenados por derechos humanos durante el estallido social.
La diputada Gloria Naveillán emplazó al presidente José Antonio Kast a cumplir su compromiso de campaña de indultar a quienes estaban privados de libertad por casos de 2019. Este llamado se da en un contexto de presión desde el oficialismo, mientras que sectores de la oposición, como Lorena Fries y Lorena Pizarro, expresaron reparos frente a la concesión de beneficios penitenciarios a agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
En su recurso de amparo, la defensa solicitó que la Corte deje sin efecto la resolución de la Comisión de Libertad Condicional y conceda el beneficio, además de pedir una nueva evaluación de sus antecedentes penitenciarios. Por ahora, la acción judicial se encuentra pendiente de resolución en el tribunal de alzada capitalino, manteniendo la atención sobre la aplicación de la ley a casos de violencia estatal en el contexto del estallido social.
