El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha vuelto a ser el centro de la controversia por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Este escrutinio se intensifica en el marco de la fiscalización que lleva adelante la Contraloría General de la República, entidad que examina el Ministerio de Justicia. En esta instancia, Rabat evitó precisar la fecha de entrega de los 56 decretos cuestionados y tampoco ofreció explicaciones claras sobre por qué considera que su continuidad en el cargo es necesaria.
Consultado por la entrega de estos documentos tan polémicos, Rabat argumentó que los archivos contienen datos sensibles que deben ser protegidos, sin comprometer una fecha concreta para su entrega. Esta situación ocurre mientras la Contraloría ya está realizando una fiscalización profunda al Ministerio de Justicia debido a la controversia generada por las rebajas de condena.
Las preguntas también se centraron en su permanencia en el cargo. Ante el cuestionamiento sobre si su situación está causando un daño político a José Antonio Kast y por qué estima necesario seguir en la gestión del Ministerio de Justicia, el ministro se abstuvo de dar detalles, dejando la decisión final en manos del mandatario.
Estas declaraciones llegan tras la revelación de BioBioChile de que Contraloría inició la fiscalización al Ministerio de Justicia la semana pasada, a raíz de las denuncias relacionadas con las rebajas de condena. Rabat confirmó que funcionarios de la Contraloría llegaron a la cartera para solicitar antecedentes, aunque lo atribuyó a un procedimiento habitual de control estatal: “La Contraloría General de la República habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución”, señaló en relación a la fiscalización ministerial.
Agregó que el organismo también se constituyó en el Ministerio de Justicia, como sucede normalmente con la administración del Estado, para solicitar información sobre los decretos. Sin embargo, al ser presionado sobre los 56 decretos que encendieron la polémica, Rabat se mantuvo firme, indicando que “Estamos frente a información que tiene datos sensibles, que hay que tratarlas con cuidado”, aunque aseguró que están trabajando para entregar la información lo antes posible y que la cartera responderá a los requerimientos dentro de los plazos legales establecidos.
Rabat también explicó que el Ministerio de Justicia ha recibido numerosos requerimientos de información ligados a las rebajas de condena, algunos de los cuales obligan a revisar antecedentes de hace más de dos décadas, demostrando la carga de trabajo que implica la gestión de estos casos de delitos sexuales contra menores de edad.
Los cuestionamientos persisten sobre la continuidad de Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia, intensificándose entre las presiones de la oposición y sectores oficialistas. Al ser consultado directamente sobre el porqué de su permanencia, Rabat remitió la respuesta al presidente de la República, evadiendo cualquier comentario directo sobre su propia vocación política o el impacto que su rol tiene en la imagen de José Antonio Kast.
Las declaraciones finales ocurren en medio de un intenso debate político, incluyendo una discusión presupuestaria tensa, donde los parlamentarios de oposición manifestaron sus críticas. Así, mientras la Contraloría sigue fiscalizando los decretos y la polémica por las rebajas de condena no cesa, Rabat mantiene su posición en el Ministerio de Justicia con el respaldo del presidente Kast, pero sin entregar un calendario firme para la entrega de los documentos ni dar claridad sobre su propio futuro profesional.
