El ministro de Justicia, Fernando Rabat, podría ser llamado a declarar en la investigación sobre las rebajas de condena que mantiene abierta la Fiscalía Nacional. Así lo señaló el fiscal nacional, Ángel Valencia, aclarando que la decisión de investigar posibles delitos corresponde al Ministerio Público a cargo. Además, Valencia precisó que la Fiscalía Nacional investiga posibles delitos penales, no errores políticos de la gestión ministerial.
La causa penal suma un frente legal importante a la crisis que enfrenta el Gobierno. Aunque Fernando Rabat sigue en el cargo por decisión del presidente José Antonio Kast, mantiene la calidad de imputado en la investigación por el Ministerio Público.
Esta investigación se originó a partir de una denuncia de diputados contra Rabat y el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, por una posible prevaricación administrativa. Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Sobre la posibilidad de que el ministro entregue su versión, el fiscal nacional detalló que la disposición de declarar debe ser determinada por la propia Fiscalía. Valencia recordó que todos los imputados tienen derecho a guardar silencio, diferenciando claramente entre los cuestionamientos a la gestión de un ministro y las responsabilidades que debe esclarecer la Fiscalía.
El fiscal enfatizó la distinción legal, afirmando que la Fiscalía no investiga errores políticos. Explicó que, aunque pueda haber actos que generen rechazo o que sean ilegales, no automáticamente constituyen un delito. Es decir, debe haber relevancia penal para que el Ministerio Público actúe.
En línea con esto, Valencia describió la hipótesis que pueden plantear los denunciantes: una autoridad que haya dictado una resolución manifiestamente contraria a derecho, actuando con conocimiento de su ilegalidad. “Eso podría ser prevaricación”, señaló, manteniendo que aún no está acreditado este delito en el caso del ministro.
Esta investigación por prevaricación avanza paralelamente a la acusación constitucional que prepara la oposición por las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad. Mientras el Congreso debate las responsabilidades de Rabat, la Fiscalía Nacional deberá determinar si sus actuaciones también constituyen un delito sujeto a investigación penal.
