Tras la reciente arremetida de un grupo de parlamentarios en contra de las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), fue el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien tomó la defensa de la normativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
El Mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Urbanismo e Hacienda, ingresó ante el Tribunal Constitucional (TC) un escrito solicitando que el requerimiento parlamentario no fuera acogido a tramitación. Las autoridades argumentaron que la acción parlamentaria se centra en materias de legalidad y conveniencia de política pública, las cuales, a su juicio, no corresponden al ámbito de revisión del Tribunal Constitucional.
En el documento de 16 páginas, el Gobierno señaló que el requerimiento de los diputados cuestiona si las modificaciones a la OGUC podrían alterar los parámetros establecidos en los planes reguladores comunales sin seguir los procedimientos legales adecuados. Frente a estas críticas, se fue enfático en señalar que la normativa urbanística no modifica directamente ningún instrumento de planificación territorial ni elimina facultades municipales. Por el contrario, las nuevas disposiciones establecen reglas generales de la OGUC a las que deben sujetarse todos los instrumentos de planificación territorial.
El Ejecutivo advirtió que aceptar el razonamiento de los parlamentarios restringiría significativamente la capacidad del Gobierno para actualizar la normativa urbanística. Así, sostuvo que si cualquier modificación reglamentaria que incide en los efectos prácticos de los planes reguladores fuera considerada inconstitucional, las futuras actualizaciones de los parámetros de densidad o constructibilidad quedarían condicionadas a modificar previamente cada instrumento territorial.
A nivel de procedimiento, el Gobierno sostuvo que el requerimiento presentaba deficiencias que impedirían al Tribunal Constitucional (TC) admitirlo a tramitación. Estas fallas incluían, principalmente, la falta de una vinculación clara entre las disposiciones impugnadas y las normas constitucionales que se supuestamente estarían vulnerando, y la solicitud de eliminar disposiciones completas, lo cual, según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desvirtúa el objeto de la acción constitucional.
Por lo tanto, el Gobierno concluyó que las deficiencias del requerimiento no son simples errores formales, sino que exigirían reformular sustancialmente la impugnación. Por este motivo, el Ejecutivo solicitó al Tribunal Constitucional que declare que la acción parlamentaria no se acoge a tramitación y se tenga por no presentada.
