La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes 2 de noviembre el proyecto que modifica la Ley N° 21.802, una normativa clave para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Con 121 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, la iniciativa quedó despachada del Congreso y lista para convertirse en ley, reforzando las herramientas de los municipios.
En el ámbito regional, la propuesta fue respaldada por todos los diputados que representan a la Región de Coquimbo, lo que demuestra el amplio apoyo a los cambios que buscan entregar nuevas herramientas a los municipios para fortalecer sus equipos de seguridad y la gestión comunal.
Uno de los principales ajustes permite a las municipalidades contratar inspectores de seguridad bajo el Código del Trabajo, otorgándoles la calidad de funcionarios públicos. Estos profesionales estarán sujetos a las normas de responsabilidad administrativa, siguiendo los procedimientos establecidos en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, optimizando la gestión de recursos humanos locales.
En materia de remuneraciones, el proyecto establece que los sueldos de quienes sean contratados bajo este régimen deben asimilarse a un grado de la planta municipal, sin exceder los montos destinados a funcionarios de planta o contrata que realicen labores de seguridad municipal, garantizando la sostenibilidad financiera local.
Otro cambio relevante se enfoca en los recursos disponibles para los municipios, estableciendo límites de gasto para la contratación de personal en labores de seguridad. Estos gastos tendrán un tope anual equivalente al 5% de los ingresos propios percibidos el año anterior, pero este porcentaje puede elevarse excepcionalmente hasta un 15%, con la autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Además, el margen puede alcanzar hasta el 25%, requiriendo la aprobación de la Dirección de Presupuestos.
Para evaluar estas solicitudes de recursos, se considerarán factores como la condición de capital regional, la sostenibilidad financiera del municipio, la población residente y flotante, la extensión territorial, la ruralidad, los niveles de vulnerabilidad sociodelictual y la dependencia del Fondo Común Municipal, factores cruciales para planificar la seguridad comunal.
La modificación también flexibiliza los mecanismos para acreditar la idoneidad física y psicológica exigida a los inspectores de seguridad municipal. Las evaluaciones se pueden realizar en establecimientos de salud públicos, privados o mutuales de seguridad, ampliando las alternativas para los profesionales. Para los inspectores ya en ejercicio, se contempla un plazo de 12 meses para acreditar este requisito.
En cuanto a la conducción de vehículos destinados a labores de seguridad municipal, los funcionarios deben contar con la licencia no profesional correspondiente y una antigüedad mínima de tres años. Por otra parte, el proyecto extiende el plazo transitorio de 60 a 180 días y elimina una disposición transitoria.
Adicionalmente, se incorpora un plan anual de oferta programática de seguridad a cargo de la Subdere. Este programa permitirá a las municipalidades postular, considerando capacitaciones y formación para inspectores, así como recursos para mejorar la infraestructura destinada a fortalecer la seguridad comunal en diversas comunas.
Con la aprobación en el Congreso, el proyecto incluye nuevas alternativas para que los municipios puedan reforzar sus equipos y capacidades en materia de seguridad pública, mejorando la prevención del delito y fortaleciendo la gobernanza territorial mediante una adecuada asignación de fondos y personal especializado.
