La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emplazó al presidente José Antonio Kast a remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controvertida discusión sobre las rebajas de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En su conversación en radio Nuevo Mundo, la militante del Partido Comunista cuestionó que la salida del subsecretario Luis Silva haya sido la única consecuencia política dentro de la cartera del Ministerio de Justicia. Afirmó que lo correcto es que el Presidente de la República haga valer las responsabilidades políticas ante el gran error cometido, y que las consecuencias de los delitos sexuales contra menores de edad requieren más que un cambio de subsecretario.
A juicio de Vallejo, la remoción de Silva respondió a la publicación de un video donde explicó su participación en la firma de los decretos, sin informar previamente al ministro, y esto ocurrió antes que abordar el fondo de la controversia sobre las rebajas de condenas. Señaló que la salida del subsecretario se debió a que grabó un comunicado por video no autorizado por el ministro, pero no a la gravedad de los hechos cometidos en relación con estos delitos.
La exvocera acusó un cambio en el criterio político del Ministerio de Justicia respecto a las solicitudes de rebaja de condenas. Planteó que estas fueron aprobadas por la vía administrativa sin esperar una orden del Poder Judicial, un momento en que el tribunal judicial ya comenzaba a rechazar requerimientos de ese tipo. En ese contexto, sostuvo que las consecuencias para las víctimas y para el sistema de justicia ameritan la salida del titular de la cartera, exigiendo una mayor responsabilidad política más allá de una disculpa o de la remoción de un subsecretario.
Criticó el apoyo político de Kast, reprochándole cómo puede seguir respaldando a un ministro que ha mentido y cambiado las versiones sobre el manejo de estos casos. Vallejo advirtió que esta controversia ha provocado tensiones en el oficialismo, pero recalcó que los efectos superan las diferencias internas, configurando una crisis política que está impactando la credibilidad del sistema y afectando, sobre todo, a las víctimas.
Finalmente, la exministra rechazó la explicación de que el asunto es un problema del Estado o del sistema de justicia. Sostuvo que esa argumentación simplemente diluye las responsabilidades del Ejecutivo. Concluyó que intentar achicar al Estado o calificarlo como un problema sistémico es un intento de evadir asumir las responsabilidades políticas claras que existen tras el manejo de los delitos sexuales contra menores de edad por parte del gobierno.
