El polémico video de Luis Silva terminó por costarle su cargo. El ahora exsubsecretario de Justicia intentó explicar su participación en la firma de decretos que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, pero su intervención abrió una nueva crisis para el Gobierno de José Antonio Kast.
En el registro, publicado la noche del jueves, Silva aseguró que, cuando le correspondió firmar los documentos como ministro subrogante, siguió el criterio jurídico establecido por su superior, Fernando Rabat. El problema no fue solo el contenido de sus explicaciones, sino también la forma. Silva reconoció que no consideró necesario consultar previamente al ministro, dejando en evidencia una falta de coordinación en una cartera ya bajo intensa presión y cuestionamiento público.
La respuesta del Gobierno llegó este viernes. El Presidente aceptó su renuncia y nombró en su reemplazo a la abogada Josefina Soto Larreátegui. Este movimiento dejó a Silva fuera de la administración pública, mientras Rabat se mantiene en su puesto, a pesar de las presiones de la oposición y las diferencias que el caso ha generado dentro del oficialismo.
La elección de Soto es clave para la continuidad del Gobierno. Kast reemplazó a un rostro conocido del Partido Republicano por una abogada con amplia experiencia en la administración pública, pero con menor exposición política.
Silva, el exsubsecretario, construyó una carrera ligada a la academia y al debate constitucional. En 2023 fue un candidato destacado, consolidando su figura dentro del espectro político de Republicanos.
Soto, en cambio, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en cargos jurídicos y administrativos durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Su experiencia como coordinadora legal en Hacienda y jefa de gabinete de Energía subraya su conocimiento del funcionamiento del Estado, lo cual representa una apuesta por la estabilidad administrativa.
Así, el nombramiento puede entenderse como una estrategia para proyectar autoridad en el Ministerio de Justicia. Aunque comparte vínculos con el mundo republicano, su perfil permite al Gobierno buscar una autoridad con menor protagonismo público en momentos de crisis gubernamental.
La salida de Silva, sin embargo, no resuelve la crisis que enfrenta Justicia. Fernando Rabat continúa al mando, bajo el escrutinio constante por las rebajas de condenas y la amenaza de una acusación constitucional.
En ese escenario, el cambio de subsecretario permite a José Antonio Kast dar una señal de reorganización en la cartera, mitigando el impacto político del video.
La experiencia de Josefina Soto Larreátegui podría ayudar a ordenar el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia, aunque el problema de fondo sigue siendo la gestión de las condenas y el alto costo político de mantener a Fernando Rabat en el cargo. Por ahora, la salida de Silva marca un episodio de ajuste de cuentas institucionales para el Gobierno.
