El Gobierno de José Antonio Kast manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la salud sexual y reproductiva no constituye un derecho internacionalmente reconocido. Durante esta intervención, el representante chileno también defendió el derecho a la vida y la facultad de cada Estado para establecer sus propias normas sobre la materia.
La postura fue expuesta el 7 de octubre por Fernando Cabezas, ministro consejero y representante permanente de Chile. Aunque el debate se centraba en el acceso al derecho humano al agua potable y al saneamiento, el diplomático chileno introdujo una declaración sobre la posición del Ejecutivo respecto a los derechos sexuales y reproductivos, señalando que el Estado chileno promueve y protege el derecho a la vida, según su ordenamiento jurídico y obligaciones internacionales.
El representante de Chile planteó reparos al reconocimiento universal de la salud sexual y reproductiva como un derecho, afirmando que su definición jurídica depende de las normas internas de cada Estado. A pesar de esto, Cabezas reafirmó el compromiso de Chile con la implementación del derecho humano al agua potable y al saneamiento, reconociendo su relación con la salud y la salud mental de las mujeres y niñas.
Esta declaración sobre derechos humanos marca una distinción notable en la política exterior chilena. La postura de Kast contrasta con el enfoque de organismos de Naciones Unidas, como un informe publicado en 2025, que aborda expresamente el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. De esta manera, el Gobierno de José Antonio Kast posiciona claramente las diferencias de enfoque sobre los derechos sexuales y reproductivos en comparación con la administración anterior.
