El paso de las semanas puede hacer que esa posibilidad se pierda, incluso si posteriormente se concede lo solicitado. Juan Aliste Vega dejó esa advertencia en la carta con que pidió un indulto humanitario a José Antonio Kast. Murió este domingo 11 de octubre, seis días después de ingresar la solicitud a Justicia, sin una resolución. En ese tiempo, su petición encontró un inesperado respaldo en Republicanos, precipitando una renuncia y quedando vinculada al debate sobre los condenados recluidos en Punta Peuco.
El caso terminó enfrentando a quienes defendían un criterio humanitario transversal con quienes rechazaban utilizarlo para facilitar beneficios a otros condenados por crímenes de lesa humanidad. Macarena Santelices renunció al partido fundado por Kast; desde la izquierda, el exministro Jaime Gajardo calificó el apoyo republicano de “inmoral”. Pero la defensa de Aliste rechaza toda esa instrumentalización y asegura que tampoco recibió información clara sobre el expediente.
Para Kast, la encrucijada aumenta: como candidato ofreció indultos y como presidente, ha defendido evaluar cada solicitud individualmente, caso a caso. Su partido mantiene el respaldo a medidas transversales y libertarios presionan por acelerar respuestas, mientras otras voces cuestionan equiparar delitos comunes con violaciones a los derechos humanos.
Todo ocurre cuando fuentes de este medio anticipaban posibles novedades sobre solicitudes de indulto durante octubre, especialmente en casos vinculados al 18-O. Juan Aliste Vega tenía 53 años, padecía cáncer terminal y permanecía en el Hospital Penitenciario de Santiago. El exmiembro del movimiento Lautaro cumplía penas que sumaban 42 años por el homicidio del cabo Luis Moyano, el homicidio frustrado de otro carabinero y dos asaltos bancarios.
“Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable”, escribió. Reconoció el sufrimiento de las víctimas y pidió recibir cuidados en casa, junto a su esposa y sus hijos. La petición de indulto, revelada por BioBioChile, ingresó el 5 de octubre al Ministerio de Justicia. Su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, sostiene que solicitaron expresamente urgencia, pero hasta el fallecimiento no recibieron requerimientos formales de antecedentes adicionales: “Considerábamos que los antecedentes médicos disponibles eran suficientemente relevantes para justificar una evaluación prioritaria”, dijo a este medio.
Pero nunca recibimos información clara respecto de la etapa específica en que se encontraba el expediente”, agrega. En medio de ese escenario, cercanos al caso pensaban que el indulto podía resolverse a tiempo o, al menos, que podía existir alguna notificación sobre el estado de la solicitud. El 7 de octubre, Fernando Rabat había señalado que se enteró por la prensa y que correspondía seguir la tramitación habitual. “No hay decisiones adoptadas a este momento”, indicó.
Según el abogado, Aliste prefería una solución judicial. El indulto surgió ante el empeoramiento de su salud y los tiempos de las decisiones de los tribunales. La defensa mantuvo otras acciones y en ese contexto, el 7° Juzgado de Garantía adelantó al 26 de octubre la audiencia —prevista inicialmente para el 17 de noviembre— destinada a revisar el cumplimiento de la condena. Aliste murió quince días antes de esa nueva fecha.
“Si hubiéramos logrado judicialmente la solicitud que estábamos impulsando, habríamos retirado el indulto, porque siempre entendimos que la solución debía provenir de los tribunales y no de una herramienta política o discrecional”, explica Bravo Cornejo. La ley no establece un plazo determinado para que el presidente se pronuncie sobre una solicitud de indulto, y por eso el abogado cuestiona que esa discrecionalidad deje a los solicitantes sin una respuesta oportuna: “El hecho de que exista una facultad discrecional no puede significar que no haya ningún plazo, mecanismo de seguimiento o deber de informar cuando se trata de una situación médica terminal”.
Ahora, la defensa ya evalúa nuevas acciones legales. El inesperado apoyo de miembros del Partido Republicano surgió al segundo día, pero no era casual e incorporó expresamente a otros presos. Tras la muerte de Aliste Vega, la postura persiste. Cristián Araya planteó que evaluar razones humanitarias para Aliste exigía considerar también a internos de Punta Peuco con una condición de salud equivalente.
José Carlos Meza mantuvo el respaldo: “Lo hemos dicho antes, lo estamos diciendo ahora y lo seguiremos diciendo en el futuro”. Vicente Bruna, secretario general del partido, reafirmó la postura: “Reafirmamos la idea de un indulto humanitario transversal. Quien tiene una enfermedad terminal, demencia o algo similar, y ya no es un peligro para la sociedad, debe poder morir en su casa”, añadió.
Macarena Santelices en cambio, dejó ver la fractura que este debate abrió en el sector. Rechazó que el eventual beneficio se utilizara como “moneda de cambio para facilitar otros indultos” y renunció a Republicanos. El exministro de Justicia Jaime Gajardo rechazó la explicación republicana en una entrevista con BioBioChile realizada antes de conocerse el fallecimiento: “Creo que es una moneda de cambio que es absolutamente inmoral en su planteamiento”. Su cuestionamiento apuntó a utilizar el caso para obtener aceptación de indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Lorena Fries (FA) reconoció posibles razones humanitarias para Aliste, pero rechazó equiparar su situación con condenas por graves violaciones de derechos humanos. Nelson Venegas (PS) cuestionó la propia atribución presidencial: “Yo estoy en contra de los indultos que realizan los presidentes de la República en todo evento”.
Ante ese cruce de respaldos y rechazos, la defensa de Aliste criticó el uso político de la solicitud: “Consideramos especialmente grave y ofensivo que se haya hablado de esta posibilidad como una eventual moneda de cambio. Juan no podía ser convertido en una moneda de cambio dentro de una discusión ajena a su situación concreta y a su estado terminal”.
El debate no comenzó con Aliste. El 6 de marzo de 2025, como candidato, Kast anunció indultos para carabineros que, según su planteamiento, habían sido perseguidos durante el estallido social. Ya como presidente precisó que no había comprometido indultar a todos: “No hicimos una promesa absoluta”. La expectativa también se instaló en el Partido Nacional Libertario, donde han sostenido que existe un compromiso en materia de indultos, cuestionan la lentitud del proceso y piden definiciones antes de terminar el año.
Desde Justicia reconocieron que el Ejecutivo había recibido más de cien solicitudes este año, mayoritariamente relacionadas con hechos de la dictadura, además de casos del estallido. Kast mantuvo la evaluación individual: “Se va a resolver caso a caso, y no hay una norma general”. Según fuentes de este medio, se esperaba justamente que durante octubre hubiera novedades sobre respuestas a solicitudes de indulto, especialmente las vinculadas al estallido social. La muerte de Juan Aliste Vega cerró el caso individual, pero dejó abierta la encrucijada para José Antonio Kast.
