El proyecto de Presupuesto 2027 revela cambios estructurales en las finanzas públicas que van más allá de la asignación de recursos a cada ministerio. En sus 51 artículos, el Gobierno modifica reglas que impactan directamente a las regiones, funcionarios públicos y municipios, y también interviene en el calendario de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), afectando la administración de fondos educativos.
Entre las modificaciones más relevantes, los gobiernos regionales pierden participación en los recursos obtenidos por la venta de inmuebles fiscales, y los cupos para el empleo público, específicamente el traspaso de trabajadores a honorarios hacia la contrata, caerán significativamente. Además, el Ejecutivo congelará el traspaso de cinco SLEP durante 2027, elevará el techo principal de endeudamiento para el Estado y podrá descontar recursos a municipios que mantengan saldos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) sin ejecutar. A estas medidas se suman propuestas para acelerar las inversiones públicas y mejorar la transparencia en los sumarios por uso irregular de licencias médicas.
Uno de los cambios que generará mayor debate en materia de recursos públicos está contenido en el artículo 13. Actualmente, cuando el Estado vende un inmueble fiscal, el 65% de lo recaudado corresponde al gobierno regional. La propuesta del Ejecutivo invierte esta distribución: desde 2027, solo un 35% quedará en manos de la región y el 65% iría directamente al Fisco central, lo que representa una disminución de la participación regional en los ingresos fiscales. El impacto de estos ajustes en la gestión de los recursos locales dependerá de las ventas fiscales y podría afectar particularmente a regiones con alta dependencia de estos ingresos.
El ajuste también modifica las reglas del empleo público. Si se contemplaron 6.500 cupos para la regularización de trabajadores a honorarios mediante su traspaso a contrata en 2026, el Presupuesto 2027 reduce esa cifra a solo 1.500 personas, lo que representa una caída cercana al 77% en el control de las dotaciones estatales. Además, el articulado mantiene la regla de reposición de vacantes.
Otro cambio fundamental se observa en la educación pública, pues el artículo 40 suspende el traspaso de establecimientos educacionales a cinco Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) durante 2027. Esto implica que los colegios afectados seguirán temporalmente bajo sus administradores actuales en lugar de incorporarse a la estructura de los SLEP.
En cuanto al financiamiento estatal, el Gobierno aumenta considerablemente el margen autorizado para el endeudamiento. El máximo principal para 2027 se eleva a US$25.000 millones, lo que implica un salto de aproximadamente un 44% respecto al año anterior. Este aumento en el techo de endeudamiento es una de las variables más discutidas en las finanzas públicas, aunque representa una autorización máxima y no una garantía de uso total de los fondos.
El Presupuesto también endurece las reglas para los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que se encuentren pendientes. Los sostenedores con saldos de convenios vencidos deberán presentar un plan de ejecución para el manejo de estos fondos. Para las municipalidades, el mecanismo de administración de recursos puede llegar directamente desde el Fondo Común Municipal o del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), creando un nuevo foco de discusión sobre la eficiencia del gasto municipal.
Además, se implementan reformas para acelerar la ejecución de inversiones públicas. Los artículos 48 al 50 simplifican los trámites y permiten que proyectos de menor escala y ciertas inversiones rurales puedan avanzar más rápidamente, reduciendo los tiempos administrativos necesarios para poner en marcha el desarrollo local.
Finalmente, el artículo 46 obliga a cada servicio público a informar sobre los sumarios administrativos relacionados con el uso indebido de licencias médicas. Esta fiscalización busca aumentar la transparencia y el control en la gestión de los recursos estatales. Mientras gran parte de la discusión se centra en los recortes y aumentos de los recursos, el articulado presupuestario define reglas clave para la administración de fondos, el empleo público y la descentralización, marcando los puntos de tensión del Presupuesto 2027.
