El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, valoró el avance de la propuesta que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en Chile y destacó que esta medida es crucial para mantener el orden público, aplicando sanciones a quienes provoquen graves alteraciones sociales. La iniciativa, que aborda la compleja situación de la migración en el país, fue despachada de manera unánime por la Comisión Mixta y ahora espera la ratificación de las salas de Diputadas y Diputados y del Senado.
Entre sus principales modificaciones, el proyecto confiere nuevas facultades a la Policía de Investigaciones (PDI) para concretar órdenes de deportación. Los funcionarios podrán ingresar a domicilios para detener a una persona con una orden de expulsión firme, aunque siempre con la previa autorización de un juez de garantía. Sauerbaum sostuvo que estas herramientas de control migratorio permitirán agilizar la salida del país de extranjeros en situación irregular, apuntando especialmente a quienes estén involucrados en delitos o graves alteraciones al orden público.
Según señaló la autoridad, esto podría alcanzar a personas que incurran en conductas como levantar barricadas o lanzar bombas molotov en alguna marcha o protesta, reafirmando la necesidad de una ley de migración que proteja la convivencia pacífica. Otro cambio acordado por la Comisión Mixta eleva el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile de tres a cinco años para quienes sean expulsados.
La iniciativa también facilita la expulsión del territorio nacional a extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por delitos cuya pena no supere los tres años. En estos casos, el procedimiento penal quedará suspendido hasta que la persona permanezca fuera, facilitando así la gestión de la deportación. Respecto a las drogas, la expulsión como pena sustitutiva se restringe a la primera condena por microtráfico, y el proyecto establece mecanismos que permiten una nueva expulsión si una persona previamente deportada retorna de manera ilegal al país.
Además, se reduce el plazo para recurrir judicialmente contra una orden de expulsión, pasando de diez a cinco días, y el recurso no suspenderá automáticamente la ejecución de la medida. En paralelo al avance legislativo sobre las expulsiones administrativas, Sauerbaum adelantó que el Servicio Nacional de Migraciones solicitará un incremento significativo de los recursos destinados a esta función en el próximo Presupuesto 2027. Se buscará elevar los fondos destinados a expulsiones de $4 mil millones a $11 mil millones, lo cual es vital para asegurar una gestión de la migración en Chile que sea ordenada y segura. El acuerdo incorporó también observaciones de la Corte Suprema y el Ministerio Público, buscando que la ejecución de cualquier medida de expulsión no interfiera con investigaciones penales en curso.
