Diputados oficialistas de la Comisión de Educación de la Cámara frenaron el avance del proyecto “Sueldos Protegidos”. Esta iniciativa buscaba fortalecer la inembargabilidad de las remuneraciones, impidiendo que los sueldos perdieran su carácter de fondos protegidos una vez que eran depositados en una cuenta bancaria, especialmente en casos de cobranzas por deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Por ocho votos contra cinco, la instancia declaró inadmisible la moción. Los oficialistas argumentaron que debatir la materia afectaba las finanzas públicas y, por tanto, era reservada al Presidente de la República. Desde la oposición, sin embargo, acusaron al oficialismo de utilizar su mayoría para clausurar la discusión antes de abordar el fondo del proyecto: si los sueldos deben permanecer protegidos frente a posibles embargos por deudas de estudio.
La propuesta surge tras denuncias de deudores del CAE cuyas cuentas bancarias han sido embargadas por la Tesorería General de la República (TGR). Su objetivo clave era modificar el artículo 57 del Código del Trabajo, que establece la regla de la inembargabilidad salarial. El problema legal, que busca resolver el proyecto, ocurre cuando el dinero del sueldo llega a la cuenta bancaria; en ese momento, los fondos pueden ser considerados un saldo disponible y quedar vulnerables a medidas de cobranza, a pesar de ser remuneraciones protegidas por la ley.
La iniciativa, impulsada por parlamentarios de oposición, buscaba cerrar esta laguna legal, asegurando que el sueldo mantuviera su protección legal incluso después de ser depositado o transferido a cualquier tipo de cuenta bancaria. Aunque la Sala de la Cámara había declarado el proyecto admisible, la discusión se abrió nuevamente en la Comisión de Educación, donde se detuvo el avance.
La decisión de frenar el proyecto fue respaldada por miembros del oficialismo, quienes argumentaron que la moción podría infringir el artículo 65 de la Constitución al afectar la administración financiera del Estado. Ante este requerimiento, la comisión procedió a la votación que determinó la inadmisibilidad del proyecto de protección salarial.
La diputada Daniela Serrano, autora principal y líder de su bancada, acusó a la derecha de maniobrar políticamente para evitar un debate de fondo sobre la protección de ingresos. Señaló que la propuesta buscaba impedir que la Tesorería realizara interpretaciones que permitieran embargar fondos que claramente tienen su origen laboral.
Otros impulsores de la ley, como Emilia Schneider y Paula Olmos, calificaron de gravísimo el resultado en la comisión. Criticaron al oficialismo por no estar disponible para debatir una protección real para los deudores del CAE, quienes han sufrido estos embargos. Aseguraron seguir buscando vías legales para garantizar la protección de las remuneraciones de los trabajadores.
