El análisis de María Francisca Yáñez subraya que la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para redefinir el trabajo y la administración pública, marcando un profundo cambio de era para el Estado chileno. En el contexto de la revisión del Estatuto Administrativo, la ingeniera y doctora enfatiza la urgencia de esta transformación, señalando que el país se encuentra rezagado respecto al avance tecnológico global. Su visión es que la reforma debe construir sobre los fundamentos existentes, aprovechando la IA para modernizar los procesos de empleo público.
Para que este esfuerzo culmine en políticas públicas concretas, es vital actuar con celeridad, aprovechando la ventana temporal antes de nuevas elecciones. Yáñez recalca que la integración de la IA no debe ser vista como un mero capítulo técnico, sino como un desafío estratégico y estructural que impacta toda la relación entre el Estado y el ciudadano. La tecnología de IA se comporta como una tecnología de propósito general, equiparable a internet o la electricidad, haciendo que su incorporación sea transversal en todas las funciones del sector público.
Un pilar fundamental de esta modernización es la gestión de los datos. Los datos son considerados hoy un activo digital invaluable para el desarrollo. Para que el Estado chileno pueda aprovechar el potencial de la IA, es imperativo que los datos no permanezcan en silos departamentales, sino que se integren y permitan su interoperabilidad, ofreciendo una visión integral y coherente de la ciudadanía.
No obstante, la implementación de la IA requiere un anclaje ético robusto. Las decisiones que afectan la dignidad humana y la calidad de vida deben seguir pasando por el juicio humano. La clave no es la competencia, sino la sinergia entre la inteligencia artificial y el capital humano. Ante el riesgo de automatización, el enfoque debe cambiar de la mera protección del empleo a la promoción de un aprendizaje continuo para toda la vida.
Finalmente, el desafío de la gobernanza de la IA en el Estado chileno exige establecer una política basada en principios ineludibles: transparencia, explicabilidad y el bien común. Para que la IA no incorpore sesgos algorítmicos en la asignación de beneficios o servicios, debe operarse bajo marcos regulatorios que complementen siempre las capacidades tecnológicas con la toma de decisiones humanas, impulsando así una transformación digital más equitativa y orientada al desarrollo nacional.
