El nuevo estado de excepción constitucional que prepara el Gobierno ha abierto un flanco de preocupación en torno a las Fuerzas Armadas, especialmente en relación con su rol y la posible subordinación a las policías durante el despliegue ante el crimen organizado.
Según información disponible, estas inquietudes fueron abordadas en un reciente encuentro que reunió a la presidenta del Senado, Paulina Núñez; a los auditores generales de las Fuerzas Armadas; y al ministro de Seguridad, Martín Arrau. La discusión se centró en el diseño de esta nueva figura de estado de excepción por seguridad pública, la cual difiere del estado de emergencia actual y busca enfrentar escenarios de grave alteración de la seguridad pública causados por organizaciones criminales.
El borrador de la reforma establece que, bajo este nuevo marco de excepción, las Fuerzas Armadas podrán colaborar con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. No obstante, el texto mantiene la primacía de las instituciones policiales en el ejercicio cotidiano del orden público, reservando la intervención militar para los escenarios de excepción que determine la ley.
Es precisamente en este punto donde surgen las dudas más críticas: cómo se realizará la coordinación militar policial, quién dará las instrucciones, y hasta qué punto las Fuerzas Armadas podrían quedar subordinadas a las policías.
Fernando Wilson, experto en defensa, señaló una dificultad clave: el desconocimiento de las facultades y límites que tendría el personal militar durante su actuación. Subrayó la falta de claridad sobre lo que las Fuerzas Armadas pueden o no pueden hacer en términos de instrucción, entrenamiento y equipamiento, señalando que esta carencia dificulta la cooperación efectiva en materia de seguridad pública.
Gabriel Gaspar, exsubsecretario de Defensa, cuestionó la idea de una subordinación de las Fuerzas Armadas para tareas de control del orden público. Afirmó que la alternativa debe ser reforzar las capacidades de las policías, ya que imponer tareas de carácter policial a las Fuerzas Armadas sin la debida preparación ni el equipamiento es inapropiado.
A este reparo se unió el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien advirtió que actualmente los militares no están completamente preparados para enfrentar al crimen organizado en zonas urbanas.
Martínez recordó que históricamente ha habido debates sobre un rol más activo del Ejército en apoyo a Carabineros. Hizo hincapié en que la cultura policial y la cultura militar son distintas, lo que requiere considerar cuidadosamente la coordinación militar policial en cualquier nueva reforma constitucional.
La discusión se desarrolla mientras el Ejecutivo prepara el ingreso de la reforma constitucional que crea el estado de excepción por seguridad pública. De acuerdo con fuentes, aunque el proyecto no será presentado este viernes, el Gobierno aún tiene margen para realizar modificaciones antes de ingresar formalmente la iniciativa al Senado, impactando la legislación de seguridad pública.
