José Antonio Kast presentó una reforma constitucional que busca establecer un nuevo criterio de cesación en el cargo para los funcionarios públicos. La propuesta tipificaría como causal de pérdida del empleo a aquellos servidores que resulten positivos en un test de drogas, un debate iniciado tras la renuncia de Juan Pablo Rodríguez, ex subsecretario de Hacienda, por motivos similares.
La iniciativa de reforma constitucional tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la probidad en el servicio público. Además, garantiza a los funcionarios afectados por un resultado positivo en el control de drogas el derecho a realizar una contramuestra, si así lo desean.
El propio Presidente Kast enfatizó que esta reforma requiere un trabajo legislativo adicional y exhaustivo. Subrayó la necesidad de asegurar que cualquier sanción contra los funcionarios públicos sea científica y comprobable, evitando procedimientos o investigaciones incorrectas.
Claudio Alvarado, ministro del Interior y vocero de gobierno, aclaró que, si bien existe una glosa sobre el test de estupefacientes en la ley de presupuestos, la normativa actual no define el procedimiento ni afecta a todas las autoridades. Por ello, se requiere establecer claridad en la nueva causal de acción por consumo de drogas para unificar los criterios de la legislación de funcionarios.
Este proyecto de control preventivo busca que las exigencias de un test de drogas se apliquen de manera uniforme a todo el espectro del servicio público. La normativa afectaría a autoridades del Ejecutivo, el legislativo, los gobiernos regionales, los municipios, y en efecto, ninguna autoridad quedaría excluida de estos estándares de probidad.
La reforma constitucional excluye expresamente al cargo de Presidente de la República. Los funcionarios que estarán sujetos a esta nueva regulación incluyen ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, Consejeros regionales, alcaldes y concejales.
En relación con el posible retorno de Juan Pablo Rodríguez, vocero Alvarado detalló que el gobierno tomó una decisión política que colocó la subsecretaría de Hacienda bajo un subrogante. Aclaró que los propios funcionarios tienen el derecho de activar el proceso de contramuestra, manteniendo el Ejecutivo el total acuerdo con los procedimientos establecidos.
Esta declaración de Alvarado genera un contraste con lo mencionado previamente por José García Ruminot, Secretario General de la Presidencia, quien había sugerido que si la contramuestra de Rodríguez fuera negativa, su regreso al gobierno sería altamente probable.
