Desde mediados de mayo el Congreso está debatiendo una importante iniciativa de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de primera necesidad. Esta propuesta, acordada entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG), busca beneficiar a grupos vulnerables al aumentar el acceso a pañales y medicamentos esenciales.
La legislación contempla requisitos específicos, asegurando que las personas beneficiadas estén dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). La devolución de IVA sobre pañales está destinada a madres con menores de 24 meses de edad, mientras que los mayores de 65 años deben acreditar condiciones médicas establecidas en la normativa. Respecto a la devolución de medicamentos, esta operará solo para los productos cubiertos por el reglamento asociado a la ley de acceso a la salud.
Sin embargo, han surgido advertencias sobre el monto final de esta ayuda social, especialmente en el contexto de la aprobación de la ley. Académicos de la Universidad Finis Terrae señalaron la existencia de una compleja “letra chica” entre las altas expectativas económicas y los posibles obstáculos burocráticos.
Según el análisis, el beneficio podría rondar los $3.700 mensuales por persona, considerando un universo estimado de dos millones de beneficiarios. Estos cálculos fueron desarrollados por Carmen Quezada y Felipe Bravo, expertos en economía y derecho, respectivamente. La académica explicó que la devolución solo cubriría el IVA de los productos gastados y no el costo total de la compra. Por ejemplo, si se gastan $30.000 en pañales o medicamentos, el beneficio máximo mensual sería de $5.700.
Además, la cantidad a recibir depende del fondo total asignado, que asciende a aproximadamente $89.600 millones. Este fondo, dividido en 12 meses, implica un monto mensual que, repartido entre dos millones de beneficiarios, resulta en los $3.700 por persona. Es crucial entender que el monto de la devolución no solo está ligado al gasto individual, sino también a la disponibilidad presupuestaria, ya que un alto número de solicitudes podría reducir lo que recibe cada beneficiario.
Profundizando en los requisitos, Bravo destacó la necesidad de realizar las compras en comercio formal y de obtener documentos como boletas electrónicas, recetas médicas electrónicas para medicamentos o certificados médicos para pañales de adultos. Este proceso obliga al Instituto de Previsión Social (ISP) a coordinar verificaciones con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ministerio de Desarrollo Social, Registro Civil o el Ministerio de Salud. Añadiendo a esto la espera del reembolso en el mes siguiente, los académicos advierten que estos trámites complejos y el bajo monto mensual podrían desincentivar el uso del mecanismo, llevando a las personas a preferir opciones informales.
