Dos diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) han presentado un proyecto de ley clave que busca prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años, un movimiento enfocado en la protección de la salud de adolescentes y la prevención de futuras adicciones. Cristóbal Martínez (Ñuble) y Natalia Romero (O’Higgins), los impulsores de esta normativa, señalaron el consumo excesivo de estas bebidas entre menores, productos que frecuentemente están asociados a insomnio, cefaleas y graves adicciones.
Para sustentar su petición, presentaron informes y estudios relevantes, incluyendo datos de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Este estudio revela una tendencia preocupante: en la última década, el consumo de bebidas energéticas por parte de los jóvenes aumentó drásticamente, pasando de 0,4 a 3,6 litros mensuales. Solo en 2018, Conadecus registró un consumo nacional de casi 42 millones de litros, evidenciando la magnitud del problema en la salud pública.
Por ello, la propuesta busca establecer una norma similar a la usada para la venta de alcohol y cigarrillos: exigir en los establecimientos que comercialicen bebidas energéticas la exhibición de la cédula de identidad para verificar la edad del comprador. Desde la UDI, se ha manifestado que existe una creciente normalización del consumo de estos productos entre menores, vendiéndose en casi cualquier comercio. Además, muchos adolescentes desconocen los riesgos sanitarios que implican las bebidas energéticas.
Es profundamente contradictorio, argumentaron los diputados, tener una regulación estricta para impedir que los menores de edad compren alcohol y tabaco, pero permitirles el libre acceso a estas bebidas que también generan efectos muy nocivos. Como Estado, existe el deber de impulsar políticas que protejan a los ciudadanos y prevengan conductas que puedan llevar a problemas de salud o adicciones. Por lo tanto, regular la venta de bebidas energéticas es una medida responsable y necesaria para la salud de los jóvenes.
