La bancada de la UDI anunció que impulsará una reforma constitucional para restablecer la norma que impedía acceder a la gratuidad en la educación superior a estudiantes condenados por delitos graves, tras la declaración de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional respecto a una disposición de la ley “Escuelas Protegidas”.
La decisión del tribunal, conocida este martes, afectó a cuatro artículos clave del proyecto de ley. Esta iniciativa fue promovida por el Gobierno tras un aumento de la violencia escolar en el país, incluyendo hechos como el homicidio de una inspectora en Calama.
La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse, junto a la comisión de Educación, cuestionaron la resolución del Tribunal Constitucional. Manifestaron que buscarán recuperar la medida mediante una modificación a la Constitución, ya que la norma anulada establecía una inhabilidad para acceder a la gratuidad si se cometían delitos graves contra la vida, la integridad física o la infraestructura pública.
La ley “Escuelas Protegidas” buscaba mejorar la convivencia educativa y ofrecer herramientas ante la violencia. Sin embargo, la oposición recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar diversas disposiciones, lo que resultó en la declaración de inconstitucionalidad de cuatro normas, incluida la restricción para acceder a la educación superior.
Tras conocer el fallo, los legisladores gremialistas manifestaron su desacuerdo con los fundamentos del Tribunal Constitucional. Afirmaron que, aunque respetan el fallo, creen que se pierde la oportunidad de enviar una señal relevante sobre responsabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Estos parlamentarios sostuvieron que la gratuidad no es un derecho absoluto, sino un beneficio financiado por la comunidad chilena y, por lo tanto, debe estar asociada al cumplimiento de estándares de conducta. Por esta razón, anunciaron la presentación de una reforma constitucional destinada a otorgar sustento jurídico a esta restricción.
Finalmente, los diputados enfatizaron su compromiso, indicando que presentarán una reforma constitucional para asegurar la aplicación de esta medida, pues consideran inaceptable que quienes hayan cometido delitos graves puedan acceder sin mayores restricciones a beneficios financiados con fondos públicos.
